Para el abogado penalista Luis Izquiel tanto el allanamiento de las viviendas del diputado Sergio Verga y Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente del parlamento venezolano, así como la posterior detención de éste son ilegales e inconstitucionales.
Izquiel explicó que a Marrero no se le tenía ninguna investigación pública a la que haya tenido que ir a declarar, por ende “no hubo ningún motivo para llevarlo detenido ni allanar su vivienda.
En este tipo de casos, la única manera de privarle la libertad al también abogado Roberto Marrero es “agarrándolo infraganti, es decir, realizando el delito en el momento, pero según distintas fuentes, se tiene entendido que esto no fue así”, dijo Izquiel.
Al jefe del despacho del presidente de la Asamblea Nacional también, según el abogado, le fueron “sembrados” dos fusiles y una granada; sin embargo, esto no sería motivo para la privativa de libertad. El abogado penalista detalló que “este tipo de cosas las hemos visto siempre en regímenes autoritarios y no en democracias, acá no hay respeto ni cumplimiento de la constitución, ni de los debidos procesos”.
Cabe destacar que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, arribó a la vivienda de Marrero y Vergara en horas de la madrugada de este jueves, con órdenes de allanamiento emitidas por la juez Carol Padilla, quien casualmente también es la misma que lleva el control del caso del diputado Juan Requesens.
Izquiel también aseveró, que si las órdenes de allanamiento fueron emitidas por la juez Padilla, es más de lo que se ha venido denunciando en todos estos años. «Por lo general, se debería hacer un sorteo para saber a que juez se le asigna cada caso, pero estamos acostumbrados a que hay ciertos jueces que siempre le tocan los casos de persecución política”, añadió.
Se encuentra establecido en la constitución que una persona que fue aprehendida debe ser presentada en un tribunal en las próximas 48 horas y este determinará si la detención se mantiene o si es sustituida por una cautelar o por la libertad completa.
“Basándonos en el pasado no se sabe que va a ocurrir ahora, acá regularmente las violaciones a los debidos procesos quedan impunes y la decisión de que la persona quede libre o no depende más de decisiones políticas más que jurídicas”, aseveró Luis Izquiel.
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