El internacionalista y presidente de la comisión de asuntos internacionales de Fedecámaras, Oscar Hernández, manifestó que la disputa entre Venezuela y Guyana se ve afectada por los problemas internos que enfrenta el país. “Guyana sin duda quiere aprovechar la ingobernabilidad de Venezuela para presentar una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa fronteriza de décadas con Venezuela por la zona fronteriza del Esequibo”.

«Es un gran momento para la futura prosperidad y seguridad de Guyana, y el peor momento para Venezuela» expresó. Subrayó ademas que el veredicto del principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe servir para poner fin a la larga disputa, donde el país tiene las posibilidades de perder, lo cual califica como un hecho de aprovechamiento político.

Por otra parte el internacionalista explicó «el tema con la Corte Internacional de Justicia, es que Venezuela no acepta la competencia de la misma y el Acuerdo de Ginebra, que es el marco por el cual se tendría que mantener esta negociación, establece que existen métodos de negociación distintos a la Corte Internacional de Justicia«. Añadió que la corte, no puede dar una sentencia si ambas partes no están de acuerdo con el mecanismo de solución de controversias, es por eso de Venezuela insistió en continuar con un mecanismo diplomático ante la situación.

Por lo tanto, no se puede realizar un juicio, mientras Venezuela no este de acuerdo con el mecanismo,  «es allí donde se equivoca Guyana«, sostuvo. El otro error es que Venezuela no argumentó este hecho, pues si el gobierno niega de antemano estar de acuerdo con el mecanismo de negociación, este proceso quedaría invalidado desde su origen, resaltó.

Durante una entrevista en el programa «Informe Fedecámaras»,  con Richard Fortunato, Hernández concluyó que el gobierno guayanés, que desde el mandato del ex presidente Hugo Chávez , empezó a beneficiarse de la inacción venezolana sobre el tema, desde el pasado año ha acelerado la explotación petrolera, mediante empresas trasnacionales, en la zona en reclamación, haciendo caso omiso a las intermitentes y tenues declaraciones de principio y llamados para detener la actividad petrolera por parte de la cancillería venezolana. Guayana, además, ha otorgado concesiones en el espacio marítimo de la zona en reclamación, y también en aguas venezolanas, sin que el gobierno proteste.

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