La Asamblea Nacional Constituyente, (ANC) aprobó antes de terminar el año 2017 una Ley Constitucional de Inversión Extranjera, instrumento que fue presentado por el presidente Nicolás Maduro en septiembre de ese año y que deroga la ley de inversiones extrajeras promulgada vía habilitante por él mismo en 2014.
Eduardo Porcarelli, abogado experto en derecho económico, indicó que esta ley no mejora las percepciones para atraer inversiones extranjeras a Venezuela, debido a que fue promovida por la Asamblea Nacional Constituyente , institución que nacional e internacionalmente carece de credibilidad y atribuciones para sancionar instrumentos legales como este.
Expresó que en la comunidad internacional persisten dudas acerca de la legalidad y legitimidad de la institución, y esto determina que los inversionistas internacionales , que orientan sus decisiones productivas a mediano y largo plazo, busquen opciones que les generen confianza y seguridad jurídica. Siendo la Asamblea Nacional Constituyente la promotora de esta ley, es lógico que el foráneo se limite y no invierta en Venezuela.
Porcarelli mencionó que la forma en la que se generó esta ley deja mucho margen para la especulación , además, el tema de soluciones de los controles que existen en el mercado limitan sustancialmente el acceso a mecanismos de arbitrajes internacional.
Entre las objeciones a la ley, el abogado explicó que el valor constitutivo de la inversión extrajera deberá estar presentado en activos que se encuentren en el país en un 100% compuesto por equipos, insumos u otros bienes y por otros activos tangibles requeridos para el inicio del proceso productivo. En la ley derogada era menos de 75%.
En cuanto a la remisión de dividendos, señaló que el Ejecutivo Nacional podría reducir entre el 60% y 80% de las utilidades, “en caso de circunstancias económicas extraordinarias o de fuerza mayor”.
Así mismo mencionó, que esta ley contiene en su artículo 35, numeral 6, ciertos condicionamientos a las empresas extranjeras, para que no participen en ningún debate público en el país y para restringirles la contribución a través de donaciones a cámaras, asociaciones gremiales, ONG y asociaciones civiles, “es decir, esos inversionista tendrían una participación muy pasiva en la vida nacional”.
A su vez, explicó que cualquier elemento que lleve a la violación de la ley podría prever multas que lleguen hasta el 2% de la inversión total realizada , “los inversionistas deben tener mucho cuidado en cumplir los procesos de la ley”
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