Víctor Roa

Opinión

Experto en el área de gerencia y negocios. Ha trabajado en distintas empresas multinacionales en posiciones gerenciales y directivas (Nestlé, Kraft, Pepsi Cola, Coca Cola) Licenciado en administración, Master en Gerencia, candidato a Doctor en Gerencia. Profesor en Gerencia en UCV-UCAB-IESA. Experiencia en consultoría en varios países latinoamericanos.

La crisis de la gerencia pública venezolana

09/03/2018

Cuando se analizan los distintos índices que conforman el desempeño económico y social del estado venezolano y constatado en la realidad con la desesperada migración, la imparable hiperinflación y una escasez sin precedentes en la historia contemporánea venezolana no queda ninguna otra opción que voltear a ver cuáles son las causas del profundo deterioro que en todos los sectores muestra el país.

La primera respuesta a este grave drama se puede dar de manera sencilla señalando al gobierno de Venezuela y sus ideales políticos. Es cierto que la excesiva politización de la función pública es responsable en gran medida de lo que pasa en sentido de la fijación de objetivos de tipo político en lugar de las funciones tecno-sociales que le corresponden a cada institución pública y a sus miembros. La burocracia tiene un rol social definido y es cumplir aquello que se define como norma tal y cual se plantea.

Sin embargo, la administración pública nuestra, en los distintos niveles, y en la casi absoluta mayoría de sus instituciones, se dedica a funciones que no le corresponden según sus mandatos de ley o norma correspondiente. Pongamos por ejemplo slogans que identifican a funciones públicas básicas como el servicio eléctrico y de agua, en los cuales sus fines son revolucionarios, lo cual pone en entredicho la función real que ellas tienen frente a la sociedad. Distribuir agua y electricidad fueron revolucionarios cuando se descubrieron como medio para la vida del hombre en comunidad, hace rato que eso quedó atrás y hoy no son más que servicios básicos que deben atender a los miembros de ésta sin más idea que la optimización de sus procesos y fines primarios.

El segundo gran drama se corresponde a los niveles de formación técnica de sus miembros. Cuando un funcionario incumple su deber formal para atender las funciones de un partido político está actuando fuera del marco de sus funciones y por lo tanto fuera de los fines sociales para los cuales está en su cargo. No existe en la constitución ni en las leyes obligación alguna de responder a mandatos que no estén claramente ligados al bien público.

El caso más extremo es PDVSA totalmente ideologizada y reducida a funciones no propias de la actividad petrolera. PDVAL es una clara desviación de los fines técnicos propios que se corresponden a un propósito mayor que es la generación de ingresos para el sostenimiento social del país. Al reservarse el estado la explotación petrolera la obligación de la empresa es producir todo aquello que pueda sin mayores restricciones que las condiciones del mercado petrolero y la sostenibilidad propia del ente como empresa competitiva.

La lista de funciones públicas que se encuentran politizadas es inmensa. Desde la justicia hasta la distribución de alimentos, pasando por las actividades policiales hasta la protección de las aduanas.

De cara al futuro el país requiere establecer varias metas claras para que la administración pública no la ahogue e impida su hacer. Entre otros muchos es necesario hacer de la carrera pública una función no política sino técnica, en la medida de lo posible disminuir la discrecionalidad del funcionario. Esa tarea es relativamente sencilla cuando existe la tecnología y más aún con los mecanismos de seguridad como los Blockchain que regulan claramente los límites de riesgo de la información.

Hacer por supuesto como premisa al Estado Venezolano tan pequeño para que sea posible la vida del ciudadano común que hoy está ahogado en todo tipo de trámites frente a éste. La empresa como fuente de empleo y de movilidad social en Venezuela debe ser puesta como foco principal de las políticas públicas. Para eso se requiere un cambio profundo en las creencias de la sociedad venezolana y solo cuando se haya definido un estado claro en sus alcances y límites podremos construir una mejor sociedad.

Volver a la senda de la libertad requiere instituciones. Están son fuertes no por su tamaño, como ya se ha demostrado de manera sostenida en nuestro país, sino por su capacidad de dar respuesta a los problemas de la sociedad, a sus necesidades y en mayor grado a sus aspiraciones y anhelos.

Una gerencia pública capaz es parte de nuestras necesidades hacia el futuro, no fijarnos esa meta será continuar en el caudillismo y el personalismo que tanto daño nos han causado.