La reforma energética de México, es un cambio constitucional propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto el 12 de Agosto de 2013, y publicada en gaceta oficial el 21 de Diciembre de 2013. En ella se elimina el artículo 27, incorporado en la reforma del año 1960, el cual impide la utilización de contratos para la extracción de hidrocarburos del subsuelo.

En conversación con el equipo de Petroguía, el economista Isidro Morales, explicó que en la mencionada reforma energética “los recursos del subsuelo en México siguen siendo de la nación, como en Venezuela y en Colombia. Al extraerlos pasan a manos de contratistas, pero si se hace en un terreno que no se expropió, el propietario de este puede incluso rentar parte del acceso y también obtener una ganancia de las explotaciones, según lo establecido en la ley”.

Hasta los momentos no hay registros de terrenos en el que sus dueños se hayan visto beneficiados en esta actividad, en cambio si ha ocurrido a la inversa, es decir, un grupo de comunidades (campesinas) se nieguen al paso de ductos para transportar el petróleo. En estos casos se debe hacer un derecho de paso para utilizar el terreno e incluso obtener beneficios de esa autorización. Aunque hay mucha oposición a esta alternativa por problemas de seguridad con el crimen autorizado, expresó el economista.

Asimismo agregó, que en materia de seguridad, los ductos y los pozos están protegidos por el monopolio-estado. En ese sentido, los ductos se están privatizando, es decir, que hay 66 compañías privadas, en la que la responsabilidad pasa al operador del oleoducto, pero esto trae un problema que no está claro, tanto en seguridad del sistema de distribución, como en materia de niveles de riesgo.

Por otro lado, esta reforma apunta a un fortalecimiento institucional de Pemex.  El economista Morales, enfatizó que “teóricamente la reforma obliga a Pemex a competir, pero primero, está en una muy mala posición para invertir debido a que está endeudada y sobre todo, se encuentra frente a dos regímenes fiscales: por un lado existe un régimen para las empresas privadas, donde se negocian los contratos; y en el caso de Pemex, ésta no puede negociar su régimen fiscal, sino que necesita una reforma corporativa que la independice”.

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