Enrique Torres, representante de la Cámara de Comercio e Industria del estado Mérida, indicó que la Ley de Precios Acordados planteada por el ejecutivo nacional requeriría de un «amplio consenso» nacional para salir adelante. Dicho acuerdo debe comprender las diversas realidades regionales, ya que la situación de los comerciantes merideños no es igual a la de sus pares en otras ciudades de Venezuela.
«Es muy sensible trabajar en un proyecto de ley que implique acordar precios. La participación debería ser muy extensa. Sería necesario un consenso nacional que tome en cuenta las diferencias regionales», dijo Torres.
Para el dirigente empresarial, la única vía para lograr un amplio consenso entre el gobierno y el sector privado sería mediante el trabajo mancomunado con los principales gremios. Es decir, se tendría que convocar a Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio a una mesa de trabajo y diálogo. Solo de esa forma este proyecto de ley representaría realmente un sistema de precios «acordados».
En este sentido, Torres destacó, durante la entrevista, la voluntad de los gremialistas para dialogar con el gobierno nacional y regional. En su opinión, la institución que preside puede tender puentes entre el sector oficial y los comerciantes merideños. «Estamos dispuestos a construir lazos de comunicación con todos los sectores», puntualizó.
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