Elías Matta: Reforma de la Ley de Hidrocarburos es un avance pero mantener el control estatal mayoritario es un error»

En una reciente edición del programa Petroguía transmitido por Fedecámaras Radio, Elías Matta, ex presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, ofreció sus impresiones iniciales sobre el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos introducido formalmente este jueves. Matta, quien lideró esfuerzos previos de reforma en 2016 y 2019, contrastó la propuesta actual con los planteamientos de aquel momento y analizó las implicaciones para el futuro de la industria petrolera venezolana.

Matta señaló que, tras una lectura rápida de la exposición de motivos, el nuevo texto parece recoger varias de las aspiraciones planteadas por la oposición en 2019. Uno de los puntos más relevantes es la formalización de los Contratos de Participación Productiva (CPP).

Bajo este esquema, derivado de modelos aplicados previamente bajo la Ley Antibloqueo, un inversor privado asume la gestión integral de un campo, realiza las inversiones necesarias y recibe su retribución mediante una participación sobre los volúmenes de producción fiscalizados. «El privado llega, invierte, lo pone a producir y esa inversión se le cancela con barriles de petróleo… eso me parece bien, es un avance», afirmó Matta.

A pesar de los avances, Matta fue enfático al señalar lo que considera el principal error del proyecto: la insistencia en que el Estado mantenga la mayoría accionaria en las empresas mixtas.

Para el experto, es absurdo insistir en que el Estado sea el dueño mayoritario si no tiene la capacidad de producir. Matta argumentó que permitir una mayoría accionaria privada dinamizaría el sector y generaría mayores ingresos para el país a través de regalías e impuestos.

Otro aspecto clave abordado fue la seguridad jurídica, un factor que Matta calificó como esencial tras las traumáticas reformas de 2006 que derivaron en arbitrajes internacionales con empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips. La nueva reforma parece reconocer la necesidad de devolver la confianza a los inversores mediante marcos regulatorios más estables y el posible reconocimiento de tribunales de arbitraje fuera de la jurisdicción local.

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