La convocatoria fue reiterada este lunes durante una concentración realizada frente al Palacio de Justicia en Caracas, donde representantes gremiales denunciaron la situación de trabajadores detenidos y la falta de respuestas del Estado a sus demandas laborales.
El dirigente de la Coalición Sindical, José Patines, informó que la marcha en la capital partirá desde Plaza Venezuela a las 8:30 am y tendrá como destino el Palacio de Miraflores. Asimismo, destacó que la protesta no será aislada, sino que se replicará en todo el país con la participación de dirigentes de varios estados.
De acuerdo con los organizadores, el objetivo principal de la jornada es exigir “respuestas inmediatas” sobre el ajuste del salario mínimo y las pensiones, en medio de una profunda crisis económica que ha deteriorado el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos.
Cuatro años sin aumento salarial
La convocatoria ocurre tras un ciclo sostenido de protestas laborales que se ha intensificado en 2026. En marzo, trabajadores retomaron las calles en Caracas y otras ciudades del país para exigir aumentos salariales, en lo que fue considerado un resurgimiento de la movilización sindical tras meses de restricciones y detenciones.
Uno de los principales reclamos es que el salario mínimo permanece congelado desde marzo de 2022, lo que equivale actualmente a menos de un dólar mensual, una cifra insuficiente para cubrir necesidades básicas.
Las protestas recientes se han desarrollado además de forma simultánea en múltiples estados, lo que evidencia el carácter nacional de las demandas laborales y el creciente malestar entre trabajadores activos, jubilados y pensionados.
Exigen liberación de sindicalistas y denuncian negativa de amnistía
Otro de los ejes centrales de la convocatoria del 9 de abril es la exigencia de libertad para trabajadores detenidos por motivos políticos. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que al menos seis dirigentes sindicales fueron excluidos del beneficio de la Ley de Amnistía, pese a haber sido condenados por actividades vinculadas a la defensa de derechos laborales.
Estos sindicalistas, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo, fueron detenidos en julio de 2022 y posteriormente condenados en 2023 por delitos como conspiración y asociación para delinquir. Aunque fueron excarcelados meses después, sus procesos judiciales continúan abiertos, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones civiles.
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