El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria para la Ley de Amnistía, informó este sábado 11 de abril que se han otorgado 8.351 libertades plenas en un lapso de 49 días. Según el parlamentario, de esa cifra, 314 personas salieron de prisión, mientras que 8.037 beneficiarios se encontraban bajo régimen de presentación o medidas cautelares antes de la extinción de su causa penal.
Arreaza defendió la aplicación de la normativa y la calificó como expedita y eficiente frente a procesos internacionales similares. No obstante, el balance oficial coincidió con la excarcelación del dirigente juvenil de Primero Justicia, Ort Betancourt, y otros tres jóvenes que permanecieron detenidos tras participar en la movilización de trabajadores por mejoras salariales el pasado viernes.
La jornada de protesta de los trabajadores, que exigía un aumento del salario mínimo congelado desde 2022, enfrentó un fuerte cerco de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los funcionarios utilizaron gas pimienta y escudos para impedir el avance de la marcha hacia el centro de la ciudad, acción que dejó un saldo de manifestantes golpeados y periodistas agredidos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que al menos 10 reporteros fueron víctimas de robos y ataques directos con gas por parte de los uniformados. La ONG Provea rechazó el uso excesivo de la fuerza y señaló que las demandas ciudadanas por derechos económicos no pueden ser respondidas con obstáculos indebidos ni violencia policial.
A pesar de que Arreaza rechazó las críticas contra la ley y afirmó que su implementación responde a una coordinación del sistema de justicia, la oposición y diversos abogados defensores subrayan que el beneficio de amnistía no borra la arbitrariedad de los arrestos por protestar. La liberación de Betancourt y sus acompañantes durante la madrugada de este sábado resalta la persistencia de detenciones de corto plazo como mecanismo de amedrentamiento.
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el 19 de febrero, sigue bajo la lupa de las organizaciones de derechos humanos. Mientras el Gobierno nacional utiliza las cifras de libertades para proyectar una imagen de normalización, el bloqueo de rutas de manifestación e incidentes contra la prensa indican que los espacios para el ejercicio de los derechos civiles continúan restringidos en la capital.
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