José Toro Hardy, experto en petróleo y profesor universitario, hizo un recuento sobre los antecedentes que llevaron a Crystallex a demandar al Estado Venezolano. Explicó que en ese entonces, el gobierno no entendió que en el momento en el que firma un contrato adquiere obligaciones que debe y tiene que honrar. En este caso, en el momento de darle una concesión a una empresa se adquieren obligaciones y al quitarle la concesión, había que indemnizarla. Esto fue lo que ocurrió en la relación entre Crystallex- Estado venezolano: en el contrato se especificaba que en caso de diferencias, estas se dirimían en los tribunales internacionales. El gobierno de Chávez tomó la decisión de expropiarla en el 2010 y no la indemnizó. Y , hoy en día, lo que está ocurriendo es que la empresa ejerció el derecho especificado en el contrato y demandó, es decir, estamos padeciendo las consecuencias de una acción y del incumplimiento de las obligaciones acordadas entre las partes.
En su opinión, la decisión de la empresa de demandar al Estado venezolano, representado en su momento por Hugo Chávez Frías, nada tiene que ver con Juan Guaidó, 20 años después, por lo que considera que lo que se quiere es generar una matriz de opinión que desvíe la atención sobre los verdaderos responsables de que estemos a punto de perder uno de nuestros activos más importantes de los venezolanos.
Comentó que lo que está ocurriendo con Citgo es muy peligroso para la República, «ya que como se sabe, el país ha perdido muchos arbitrajes internacionales y nunca ha honrado ninguno», lo que hace que Venezuela pierda credibilidad internacionalmente, incluso ante empresas con las cuales se tienen descuerdos y controversias como lo es por ejemplo Exxon mobile, entre otros.
Explicó que “lo que acaba de salir la semana pasada, es la decisión de la corte de apelación en la cual se autoriza el cobrarse con los activos de Citgo” y recomendó que para no perder a la empresa petrolera se debe negociar toda la deuda y renegociar con los acreedores para poder llegar a una fórmula de pago que sea racional y posible para el país.
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