En el marco de la apertura a nuevas inversiones en Venezuela, el debate sobre la seguridad jurídica vuelve al primer plano. El Dr. Luis Alfonso Herrera, abogado, doctor en derecho y académico de la Universidad Santo Tomás de Chile, analizó la naturaleza de las confiscaciones ocurridas en el país y la urgencia de establecer un marco de restitución de activos para recuperar la confianza de los mercados.
Para Herrera, lo ocurrido en Venezuela durante las últimas décadas no puede calificarse técnicamente como expropiación bajo los estándares del derecho moderno. Una expropiación legal requiere tres pilares que fueron sistemáticamente ignorados:
- Justificación de utilidad pública: Notificación clara y derecho a la defensa del afectado.
- Indemnización previa: El pago debe realizarse antes de que el Estado tome posesión del bien.
- Justo precio: El monto debe basarse en el valor de mercado establecido por expertos imparciales, no de forma unilateral por funcionarios.
Al no cumplirse estos requisitos, Herrera califica estos actos como «expolios» o tomas forzosas que constituyen violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.
El académico sostiene una tesis provocadora: la propiedad privada es más importante que el sufragio o la división de poderes como condición previa para la libertad.
«Cuando hay muchos propietarios… esa sociedad no depende de las autoridades políticas, las personas dependen de su propio esfuerzo».
Herrera advierte que la reparación de estos daños no será sencilla ni económica. Debido a que se violaron derechos constitucionales, ha surgido una responsabilidad patrimonial del Estado. Destaca que el Estado debe compensar las inversiones y recursos que los propietarios tuvieron que disponer para atender la pérdida de sus activos. Se deben calcular los ingresos que las empresas habrían percibido si hubiesen seguido funcionando hasta el momento del pago.
El experto enfatiza que esta factura recaerá sobre todos los venezolanos a través del presupuesto nacional, lo que debe servir como una lección histórica sobre la indiferencia ante las arbitrariedades. Propone que los fondos recuperados de la corrupción y la reactivación petrolera sean utilizados para financiar estas indemnizaciones y las deudas derivadas de arbitrajes internacionales como los del CIADI.
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