En un mundo donde la presencialidad cede terreno a lo digital, la información personal ha dejado de ser un simple registro para convertirse en el activo más codiciado del mercado global. Así lo sostiene el economista, Aarón Olmos, quien advierte que la rápida evolución hacia la Web3, las cadenas de bloques y el uso masivo de dispositivos móviles han transformado la naturaleza del comercio y la privacidad.
«El dato es el nuevo valor, el nuevo elemento de intercambio. La desmaterialización del dinero y la virtualización de nuestra información han hecho que internet y las aplicaciones se conviertan en los espacios privilegiados para intercambiar estos datos que se usan como elementos de pago o bases de datos para entender a los consumidores», explica Olmos.
Un inicio de 2026 marcado por la vulnerabilidad
La urgencia de este debate no es teórica; responde a una realidad alarmante en el contexto venezolano. En apenas los dos primeros meses de 2026, el ecosistema digital del país ha sufrido golpes contundentes. Olmos destaca el «hackeo muy complejo» sufrido por Kontigo, un exchange con licencia de Sunacrip, que resultó en la sustracción de casi 400.000 dólares.
A este hecho se suma el reciente y masivo incidente de Cashea, donde se estima que la exposición alcanzó una cifra astronómica de datos circulando públicamente. Esta filtración no solo incluye nombres y cédulas, sino también huellas digitales profundas: cuentas bancarias domiciliadas, montos de operaciones, tiendas visitadas y hábitos de consumo. Ante esto, Olmos enfatiza que si el dinero es digital, la custodia debe ser inquebrantable.
«Necesitamos que aquellas empresas que prestan servicios de resguardo, de custodia, que nos ofrecen wallets y plataformas para conectar, vincular y pagar, tengan un marco de seguridad suficiente para evitar estos ataques», señala el experto.
Blindaje internacional: Las normas ISO y el marco NIST
Para combatir esta crisis de seguridad, Olmos apunta hacia los estándares globales como el único «framework» de referencia válido. Destaca la familia de normas ISO-IEC 27000, un conjunto de buenas prácticas diseñadas para proteger la confidencialidad y la integridad de la información en cualquier organización, sin importar su tamaño.
Desde la ISO 27001, que establece los requisitos del sistema de seguridad, hasta la 27005, enfocada en la gestión de riesgos, estas normativas ofrecen una hoja de ruta para las empresas. Asimismo, el economista menciona el NIST Cyber Security Framework (del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología), un conjunto de guías gratuitas y adoptadas mundialmente que permiten a las organizaciones, tanto públicas como privadas, mitigar riesgos de cibercrimen.
La responsabilidad del usuario y el vacío legal
Sin embargo, la tecnología no es el único factor. Olmos hace un llamado a la conciencia del usuario final, quien a menudo cede su soberanía informativa al aceptar términos y condiciones sin leerlos, permitiendo que las empresas se lucren con su «huella digital».
«Los datos son los nuevos elementos de intercambio; de allí la gran necesidad de educarse como usuario final. Uno es la primera barrera para evitar que este tipo de cosas ocurran, escogiendo correctamente la plataforma», advierte Olmos.
Finalmente, el economista concluye que la solución debe ser integral: mientras el ciudadano se educa, el Estado debe actualizar su marco legal. Es imperativo que las normativas nacionales se ajusten a los nuevos tiempos, exigiendo a las empresas esquemas de seguridad digital robustos que realmente protejan al usuario ante la inminente amenaza de las filtraciones masivas.
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