Tras una reciente entrevista, la abogada constitucionalista y asesora parlamentaria, Mariana Campos Villalba, analizó el impacto de las recientes leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, advirtiendo sobre una posible «deslegalización» que otorga excesivas facultades al Ejecutivo.
Durante el análisis de la Ley Orgánica para la celeridad y optimización de trámites, Campos Villalba señaló que, aunque busca reducir la burocracia, permite que el Presidente modifique procedimientos administrativos mediante decretos, desplazando la competencia natural del Parlamento. «Cuando una materia está normada por la ley, no debe ser regulada por vía reglamentaria… se desnaturaliza la dinámica normativa del país», afirmó la especialista.
La experta también enfatizó que temas críticos como tasas, tributos y límites a derechos deben ser exclusivos de la Asamblea por su carácter plural.
Al ser consultada sobre la ley de amnistía, la también profesora mencionó que, a pesar de sus fallas técnicas, la calificó como un paso necesario para «normalizar el panorama político» y lograr estabilidad. Campos aprovechó la oportunidad e instó a que la agenda legislativa se enfoque ahora en los servicios públicos (agua, electricidad, aseo) y en una reforma de la Ley del Trabajo que equilibre las necesidades sociales y económicas.
Para la catedrática, el reto principal de la Agenda Legislativa 2026 será evitar que la normativa «vacíe» de contenido las leyes vigentes y respete la autonomía de los municipios frente a la centralización del poder.
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