Bernardo Calvo, presidente de la Cámara de Artesanos, Pequeños y Medianos Industriales del Estado Miranda (CAPMI), desglosó la compleja realidad que atraviesa la industria nacional. Según el directivo, el principal obstáculo para la planificación y sostenibilidad de las empresas no es solo la inflación, sino la creciente brecha cambiaria y las rigideces de una legislación laboral que califica como «confiscatoria».
Para Calvo, la adopción del dólar como referencia de precios no ha sido la solución definitiva debido a la distorsión entre el tipo de cambio oficial y el real. Esta diferencia impacta directamente en las estructuras de costos de las industrias, que a menudo deben adquirir divisas a tasas superiores a las oficiales para mantener su operatividad.
«No estamos inflando los precios; estamos compensando la distorsión monetaria. El empresario no puede subsidiar la brecha que genera el Estado».
Calvo enfatizó que una brecha cambiaria descontrolada causa un daño «irreparable» al poder adquisitivo, afectando la confianza en la moneda.
Desde CAPMI, se plantean soluciones concretas para «solventar el embrollo» económico actual:
- Eliminación de la inamovilidad laboral: Calvo sostiene que esta medida, concebida como temporal, se ha vuelto un obstáculo para la contratación. La libertad de contratación tiene que ser la misma que la del despido para generar movilidad en el mercado.
- Revisión del cálculo de prestaciones: El gremialista critica el cálculo basado en el último salario, argumentando que obliga a las empresas a pagar montos que no fueron reservados en su momento, lo que resulta en un proceso confiscatorio.
- Fondo de Prestaciones Actualizado: Propone que el Estado, como principal responsable de la devaluación, asuma la reparación del valor perdido de los ahorros de los trabajadores a través de la renta petrolera.
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