La socióloga Ana María Carrasquero, coordinadora de proyectos de Cedice Libertad, detalló los alcances del programa de Agendas de Reforma y Consenso, una iniciativa que ya ha publicado 15 agendas regionales en Venezuela. Más que un diagnóstico de la crisis, el proyecto se presenta como un puente entre las ideas y la acción técnica para reconstruir la economía desde las regiones.
El corazón de esta propuesta es la responsabilidad individual. Según Carrasquero, el objetivo es que el ciudadano abandone el papel pasivo de esperar soluciones del gobierno local y asuma el liderazgo de su entorno.
«Las agendas no son una lista de deseos, sino hojas de ruta técnicas que proponen soluciones desde el terreno«, afirmó la socióloga, subrayando que el fortalecimiento de las instituciones intermedias y la asociación federal son claves para superar la crisis, más allá de las medidas macroeconómicas.
Ante el temor que puede generar la palabra consenso, Carrasquero aclaró que el proceso no busca uniformar el pensamiento ni adoctrinar. Por el contrario, la metodología (disponible en un manual abierto al público) consiste en un mapeo de fuerzas vivas para alcanzar acuerdos mínimos sobre el desarrollo de cada estado.
Uno de los puntos más disruptivos del proyecto es la premisa de que todo productor es un empresario, ya sea un pescador, un agricultor o un educador. Carrasquero enfatizó que este cambio de visión es vital para la autonomía:
- Autonomía y propiedad Al reconocerse como empresario, el productor entiende que su activo más valioso es su capacidad de innovar y gestionar riesgos, convirtiéndose en un defensor natural de la propiedad privada.
- Visión de mercado Se deja de depender de subsidios para empezar a calcular costos, buscar eficiencia y planificar la inserción en cadenas de valor.
- Ejemplo de éxito En Nueva Esparta, se ha trabajado con pescadores para que actúen como un gremio organizado capaz de gestionar su logística y negociar precios, tomando como referencia estándares internacionales como la industria del salmón en Chile.
Carrasquero destacó que existe una claridad creciente en la población sobre la necesidad de definir derechos de propiedad para atraer inversión. Las agendas plantean que la crisis de servicios básicos (agua, luz y vialidad) requiere un cambio del modelo de gestión estatal hacia esquemas de concesiones e inversión privada.
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