Raúl Gil Arias, abogado corporativo y expresidente de la Cámara de Comercio e Industria del municipio Caroní; junto al abogado laborista y asesor legal empresarial, Ramón Sosa, se encuentran dictando conferencias en el país para divulgar sus recomendaciones y análisis para el sector privado en este 2026. Ambos consultores empresariales compartieron sus apreciaciones en el programa «Venezuela productiva».
Para Gil Arias, el 2026 empezó con buenas perspectivas gracias a las modificaciones que se están realizando en el marco jurídico. En este sentido, ambos consultores empresariales coincidieron en la necesidad de cambiar aspectos sustanciales de la actual Ley Orgánica del Trabajo. Uno de los puntos que merece especial atención, según sus declaraciones, es la inamovilidad laboral.
«Tenemos veinticuatro años con inmovilidad laboral. Mantener eso es imposible en la actualidad. Para el empresario es perjudicial no poder desvincular a un trabajador que no es puntual o que se va antes de la hora acordada. Es totalmente inoperativo», dijo Sosa.
Igualmente, otro tema que se ha discutido intensamente en la opinión pública es el de las prestaciones sociales. Sosa señaló que no es sustentable realizar un aumento salarial sin modificar el esquema que se usa actualmente para calcular las prestaciones sociales.
De hecho, el abogado laborista indicó que se deberían buscar alternativas que permitan aumentar el sueldo mínimo sin que eso incida proporcionalmente en las prestaciones sociales. Una opción sería hacer liquidaciones cada 6 meses o crear un fondo nacional parecido al que existe en Colombia o Perú.
Los incentivos fiscales: el lento camino de la recuperación
Ambos consultores empresariales reconocieron que la inflación y el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos hacen que se esperen cambios económicos rápidos. No obstante, recordaron que el camino de la estabilidad y el crecimiento requiere transformar muchas prácticas actuales e introducir reformas legales.
Por ejemplo, los expertos señalaron que la carga tributaria de Venezuela es un obstáculo para el desarrollo del tejido empresarial y comercial. En tal sentido, llamaron a las autoridades a establecer incentivos fiscales.
«Hago un llamado a los alcaldes y gobernadores a diseñar decretos que den incentivos fiscales en cada una de sus regiones. Por ejemplo, en Bolívar está el área minera. Los alcaldes de la región deberían dedicarse a formular y redactar decretos que incentiven la llegada de inversiones extranjeras», puntualizó Gil.
Otra de las medidas que aconsejaron es la eliminación de tributos no deducibles de los impuestos sobre la renta. En este renglón entran tributos como el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras o la Contribución Especial para la Protección de las Pensiones de Seguridad Social.
Tales medidas pueden ser tomadas rápidamente por el Poder Legislativo bajo la recomendación de las autoridades ejecutivas. De esa forma, los cambios en el sistema legal que regula la inversión privada serían respaldados por medidas puntuales destinadas a atraer capitales.
Reducir el encaje legal para facilitar el crédito
Sosa y Arias también coincidieron en la necesidad de que el Banco Central de Venezuela modifique el encaje legal. En la actualidad, dicho instrumento de política monetaria es el más alto de la región y una traba para la expansión del crédito productivo.
Por lo tanto, una reducción del encaje legal empujaría a las instituciones financieras a expandir la asignación de créditos. Este es uno de los grandes reclamos de los productores agrarios e industriales del país.
Los consultores empresariales recordaron que todos estos cambios deben pensarse en su conjunto. Por ende, no se trataría solo de promulgar leyes que sustituyan las anteriores, sino de derogar aquellas que ponen trabas a la recuperación nacional.
Un caso paradigmático de lo anterior, según Sosa, es la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. El abogado se sumó a las voces que señalan la necesidad de que esta ley viniera acompañada de una derogación de la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar. Esto es algo que ya han señalado distintos activistas a favor de los derechos humanos.
«Estos cambios deberían hacerse de manera simultánea. Cuando apareció la Ley de Amnistía, se debían derogar las otras dos leyes, que son la raíz del asunto», concluyó Sosa.
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