El director de la Escuela de Comunicación Social de UCAB Guayana y miembro de la Asamblea del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Oscar Fernández Murillo, concretó su postura respecto a los sucesos de violencia ocurridos con la actividad minera ocurridos en el estado Bolívar, por un yacimiento de oro en la población de Maripa, dejando un saldo de seis fallecidos, entre ellos, el líder de una comunidad indígena.
“La actividad minera se ha convertido en una gravedad hoy en el estado Bolívar, ya que el gobierno la maneja y la misma se ha convertido en ilegal, y en principios por la participación de los mineros ilegales”, señaló el periodista.
En cuanto a la inversión en la entidad, Murillo indicó que tras todo lo ocurrido en el estado sureño del país, las empresas básicas hasta ahora, “están en la completa ruina”, sobre todo las empresas mineras. “El arco minero del Orinoco no ha comenzado como tal en el estado, lo único que han comenzado son empresas pequeñas y mixtas, las que también tienes unas raras acciones”, agregó.
Recordó también que cuando se originó el Arco Minero del Orinoco, se buscaba que las grandes empresas de distintos países del mundo se incorporaran al proyecto, sin embargo, entre diatribas políticas, y el “desacato” de la Asamblea Nacional, cuya facultad reside en aprobar este tipo de inversiones, pues muchas compañías se han abstenido de participar.
A su criterio, consideró que el “Arco Minero es una fachada para la explotación ilegal del oro”. Asimismo, expresó que el grueso de la explotación del oro viene de la minería ilegal que se maneja con grandes cantidades de efectivo y violencia, desde hace tres años, que ha tenido como consecuencia el hostigamiento de los grupos armados para generar el desplazamiento de la población minera y civil.
En tal sentido, reiteró que el gobierno ha hecho un intento de controlar estos yacimientos, ya que esta riqueza dorada, es el único oxígeno de sustento del Estado venezolano con fines de aumentar las riquezas internacionales, sin hacer un estudio previo de las consecuencias sociales, económicas y ecológicas de su explotación.
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