Rafael Uzcátegui, Sociólogo y Coordinador General de la Organización de Derechos Humanos Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), explicó que en Gaceta Oficial el gobierno estipula que las ONG en Venezuela están obligadas a registrarse en una oficina contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo
Uzcátegui indicó que apareció en Gaceta Oficial una providencia administrativa, que no es un decreto, ni una resolución, ni una ley discutida y aprobada por la Asamblea Nacional, sino un acto administrativo mucho menor.
‘’Creo que refleja claramente el espíritu del actual gobierno sobre la labor de las personas que tenemos independencia de autonomía con respecto a Estado, somos delincuentes, somos delincuentes sospechosos de estar realizando actividades terroristas, y esa es la narrativa que se promueve contra los sectores democráticos.‘’
Señaló que las ONG rechazan este registro porque tienen algunos fines contrarios a la Constitución, añadió que se está intentando generar una decisión similar a la que ocurrió el año pasado con los actores políticos, en la cual se ha logrado hasta el momento neutralizar a la clase política y el gobierno intenta también silenciar al resto de la sociedad que viene denunciando las cosas que están ocurriendo en el país.
Agregó que lo más grave que tiene esta providencia es que en el caso de que se registraran los obliga a entregar toda la información sobre las personas a las cuales atienden, es decir, tendrían que entregar la lista de los beneficiarios, las victimas que acuden a las oficinas en este caso de PROVEA.
Acotó que esta providencia viene a causa del tema de la cooperación internacional lo cual es un derecho y añadió que PROVEA no es la única Organización que reciben ese apoyo en el financiamiento; sino también las autoridades del Estado venezolano se beneficiando de la cooperación internacional.
‘’El gobierno siempre ha intentado criminalizar la recepción de cooperación internacional, porque intentan poder el centro de la discusión en el dinero porque con esto intentan desligitimar el trabajo de las Organizaciones de los Derechos Humanos, intentando decir que somos parte de una élite, que recibimos sumas millonarias.‘’
Mencionó que ellos van a colocar en el centro de la discusión a los beneficiarios de esos recursos que se van a ver muy afectados por la posibilidad de que se cierren ventanas que puedan ayudar en la visibilizar esta situación.
‘’Si esta iniciativa prospera, por supuesto cualquier persona que sea víctima de abuso de poder se va inhibir, se va abstener de ir a una organización, porque no va a querer por supuesto que las autoridades (…) se enteren que está intentando tener justicia por otros mecanismos.‘’
En entrevista para Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas comentó que en Venezuela se han incorporado a la defensa de los Derechos Humanos según el último censo de una organización hermana se muestra que se contabilizaron más de 600 organizaciones a nivel nacional.
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