Lissette González, Socióloga y Coordinadora de Monitoreo, Investigación y Difusión de Provea, explicó que el informe sobre la alimentación en Venezuela titulado “Con la comida no se juega” dejó como conclusión un análisis del incumplimiento por parte del estado venezolano con su responsabilidad en materia del derecho de la alimentación.
“Lo que encontramos es que se violó la obligación de proteger, de respetar a los actores del sistema alimentario y también se ha violado la obligación de permitir la ayuda humanitaria”, indicó.
En una entrevista concedida en el programa Actualidad Laboral, la socióloga resaltó que esta situación alimentaria ha tendido múltiples efectos en la sociedad venezolana, como la políticas implementadas por varios años sobre los controles de precios y la distribución de los productos que contribuyó a una altísima escasez de alimentos en el país.
“Y ahora que el problema de la escasez se está solucionando, por está dolarización informal, encontramos que la gran dificultad es el acceso económico de los alimentos para todas aquellas personas que no reciben ingresos en divisas”, añadió.
La coordinadora de Monitoreo de Provea destacó que el mal funcionamiento de los servicios públicos como las constantes fallas de electricidad, de agua potable y de gas para cocinar, influye en la capacidad de las personas de poder alimentarse y de tener una nutrición adecuada.
“Si una familia que consiguió Caraotas, que es un alimento bastante accesible de los precios actuales, pero no tiene gas en su bombona, es como no tener la comida si no la puedes cocinar”, apuntó.
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