La complejidad administrativa ha sido, históricamente, uno de los mayores frenos para el desarrollo empresarial en Venezuela. En este contexto, conversamos con la Dra. Christi Rangel, economista, investigadora, profesora de la Universidad de los Andes (ULA) y colaboradora de Cedice Libertad, sobre el alcance y las implicaciones de la nueva Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.
El diagnóstico: Una carrera de obstáculos
Para la Dra. Rangel, la simplificación no es solo un tema de reducir papeles, sino de mejorar la competitividad del país. «Venezuela ha ocupado consistentemente los últimos lugares en índices internacionales de facilidad para hacer negocios», señala. La nueva ley surge como una respuesta a la necesidad de atraer inversión y formalizar la economía en un entorno de post-hiperinflación.
Rangel enfatiza que la burocracia excesiva alimenta la informalidad. Cuando un trámite es lento y costoso, las pequeñas y medianas empresas (pymes) optan por operar al margen de la ley. La investigadora advierte que la opacidad en los procesos administrativos es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. La simplificación busca, en teoría, estandarizar procesos para que no dependan del funcionario de turno.
La profesora de la ULA destacó los puntos críticos que deben cumplirse para que la ley no sea solo letra muerta:
Digitalización Real: «No basta con subir un formulario a una página web; se requiere interoperabilidad», explica. Esto significa que las distintas instituciones del Estado (Saren, Seniat, alcaldías) deben compartir datos para que el usuario no tenga que entregar el mismo documento varias veces.
Silencio Administrativo Positivo: Uno de los aspectos más potentes de la ley es el concepto de que, si el Estado no responde en un plazo determinado, la solicitud se considera aprobada. Rangel considera esto un avance fundamental para la seguridad jurídica.
Reducción de Requisitos: La eliminación de recaudos innecesarios o redundantes es vital para agilizar la creación de nuevas empresas y la exportación de bienes.
«Podemos tener la ley más moderna del mundo, pero sin conectividad eléctrica y de internet estable, la digitalización de trámites es una quimera para muchas regiones del país», afirma la economista.
Además, señala que la resistencia al cambio dentro de la administración pública es alta, ya que la simplificación resta poder de control discrecional a las instituciones.
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