El pasado 9 de abril, la Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, el Proyecto de Ley Orgánica de Minas. La nueva ley, según expresaron en la discusión, busca promover la inversión nacional e internacional de este sector en el país.
En contraste, organizaciones ligadas a derechos ambientales y derechos humanos se manifestaron para denunciar «vacíos» en cuanto a la protección ambiental y social de las zonas de minería.
Alejandro Álvarez, coordinador de la organización ambiental Clima 21, compartió en «Espacio Abierto» un análisis sobre las faltas de esta ley.
«Esta ley realmente tiene deficiencias enormemente graves. Además, tiene vacíos significativos en materia ambiental que deberían ser obligatorios en cualquier ley debido a las obligaciones constitucionales que tiene el país sobre los temas ambientales», declaró.
Álvarez defendió que no solo se debe discutir la minería desde el enfoque económico. Destacó que desde el punto de vista ambiental es necesario medir su impacto en estas zonas y en la calidad de vida de los habitantes.
«Los temas ambientales no son temas accesorios, no son el lazo que se le pone encima a la cajita de regalo. Son condiciones necesarias para tener una vida sana, segura y sostenible para todos», sentenció Álvarez.
El ambientalista comentó que incluso en la ley se hace uso de términos que son «absurdos», como «desarrollo minero ecológico». A su parecer, este concepto busca distorsionar la realidad contaminante, de impacto y degradación ambiental que genera la minería.
¿Qué fallas tiene la ley?
Una de las primeras fallas detectadas por el ambientalista Alejandro Álvarez está asociada a la falta de responsabilidad de las empresas inversoras para que no se produzcan «zonas de sacrificio».
«Este es un concepto que aparece en temas de derechos humanos ambientales. Este término describe zonas donde las condiciones producto de una explotación se vuelven tan deterioradas que a las personas que viven allí se les afecta su salud y su calidad de vida».
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