La violación de los Derechos Humanos ha sido un tema últimamente destacado cuando se habla de Venezuela; especialmente y con mayor detenimiento cuando se mencionan a los presos políticos. Según las organizaciones y familiares de los detenidos, los cuerpos de seguridad del Estado se han visto involucrados en estos actos arbitrarios de manera constante. Tal como lo refleja lo sucedido con el concejal de Guasdualito, estado Apure, Carlos Andrés García, quien falleció el pasado domingo tras haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) por no haber recibido atención médica, mientras se encontraba recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de esa entidad.
Para el abogado especialista en Derechos Humanos y coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, en el programa “Análisis de entorno” con los periodistas Dayimar Ayala y Víctor Amaya, el hecho es “Indudablemente es una violación de los DD. HH., las cuales se han convertido consecuentes en Venezuela”.
Asimismo, Nieto Palma mencionó que al Concejal se le había dado una medida sustitutiva para estar en su casa por su estado de salud. Sin embargo, murió en prisión. A su vez, él agregó que, después al cadáver de Carlos García no le quisieron hacer la autopsia porque supuestamente tenía una enfermedad inmunodeficiente.
Una Ventana a la Libertad vela por los presos políticos
En cuanto a la ONG Una Ventana a la Libertad, manifestó que, ellos han estado haciéndole seguimiento a todas las personas que están privadas de libertad sean políticos o no y que cuentan con condiciones de salud precarias.
En este sentido, recordó el caso de Lorent Saleh, «quien se encuentra recluso en el Sebin desde hace tres años y hasta ahora no ha recibido un cuidado médico», aun cuando está sufriendo complicaciones renales explicó el abogado. Del mismo modo, señaló que desde hace dos años la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) le solicitó al Gobierno que garantizara la integridad del activista, pero han hecho caso omiso.
Por último, el defensor de DD.HH. consideró que los organismos responsables y quienes deberían ser sancionados por estos abusos son el Sebin y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz.
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