En un contexto de alta inflación, depreciación de la moneda y escasez de empleo formal, el trabajo remoto ha emergido como una alternativa cada vez más recurrente para los venezolanos que buscan estabilidad financiera. Sin embargo, esta modalidad aún enfrenta una gran barrera: la falta de protección legal.
El abogado y especialista en derecho laboral, Jair De Freitas, advirtió que los prestadores de servicios bajo esquemas remotos no cuentan con normativas que los resguarden plenamente. “Si bien esta opción les permite generar mayores ingresos, no existe un marco jurídico que les garantice derechos laborales efectivos”, explicó en una entrevista con Unión Radio.
Una alternativa económica forzada por la crisis
La falta de empleo formal y la presión económica han llevado a miles de trabajadores venezolanos a buscar oportunidades en mercados digitales y en empresas extranjeras que pagan en divisas. No obstante, la inestabilidad cambiaria y la ausencia de regulaciones claras complican su situación.
“La inflación, el valor del bolívar y la compensación en divisas han influido en que más personas vean el trabajo remoto como una alternativa viable para mejorar sus ingresos”, sostuvo De Freitas. Aún así, quienes trabajan bajo este esquema quedan fuera de la seguridad social y sin beneficios laborales, como prestaciones, vacaciones remuneradas o estabilidad contractual.
Más necesidad que emprendimiento
Si bien el auge del trabajo remoto está vinculado al crecimiento de la economía digital, en Venezuela su expansión responde más a la necesidad que a la vocación emprendedora. “No todo el mundo decide trabajar por cuenta propia porque tenga espíritu emprendedor. En muchos casos, la urgencia económica obliga a diversificar ingresos para sostenerse y cubrir necesidades familiares”, afirmó el experto.
El vacío legal sobre el trabajo remoto plantea un dilema para las autoridades laborales y fiscales del país. Sin normativa clara, los trabajadores dependen exclusivamente de la estabilidad de los mercados digitales y de condiciones impuestas por clientes o empresas extranjeras.
FINANZAS DIGITAL
