La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue destituida este jueves de manera fulminante en el Congreso de Perú, controlado por un grupo de partidos de derecha que la había sostenido desde que asumió el poder y que ahora la sacó del sillón presidencial de forma abrupta y con la mirada puesta en las elecciones generales convocadas para abril de 2026.
Tras aprobar con 122 votos a favor la «permanente incapacidad moral» de la mandataria para hacer frente al auge del crimen organizado en el país, la vacante de Boluarte fue ocupada de manera interina por el presidente del Parlamento, el derechista José Jerí, que inmediatamente fue investido como jefe de Estado y se convirtió en el séptimo presidente de Perú en apenas nueve años.
Así, Perú escribió en pocas horas un nuevo capítulo de su larga convulsión política que vive desde 2016, donde ningún presidente ha podido completar un mandato completo y todos han terminado destituidos por un Parlamento opositor al que no podían dominar.
Precisamente, Boluarte se ufanaba hasta hace poco de haber roto ese ciclo al señalar que era la presidenta que más tiempo había durado desde Ollanta Humala (2011-2016) gracias a haber conciliado con las fuerzas políticas que dominan el Legislativo, pero ese equilibrio saltó por los aires este jueves.
La primera mujer presidenta de Perú quedó destituida tras dos años y diez meses en el cargo, fulminada por los partidos a los que había confiado poder llegar hasta el 28 de julio de 2026, tras haber sido elegida vicepresidenta de Pedro Castillo en 2021 y sucederle en el cargo cuando intentó un fallido golpe de Estado para evitar su destitución por el mismo Congreso.
Lluvia de mociones
Durante la mañana del jueves comenzaron a caer en cascada hasta cuatro mociones de vacancia (destitución) contra Boluarte que la señalaban como «inútil» e «incapaz» para hacer frente a la escalada de inseguridad ciudadana y criminalidad a escala nacional.
Así, los partidos que antes habían bloqueado seis mociones previas de destitución contra Boluarte y diversas denuncias de la Fiscalía por sospechas de corrupción y otros delitos como la muerte de más de 50 manifestantes al llegar al poder, ahora pasaron a promoverlas y a apoyarlas para tratar de congeniarse con un electorado que tenía a la gobernante como la más impopular de Latinoamérica, con apenas 3% de aceptación, valor dentro del margen de error de los sondeos.
La primera formación en hacerlo fue la ultraconservadora Renovación Popular, del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, que como precandidato presidencial figura en primer lugar de algunos sondeos con un 10% de intención de voto para los comicios de 2026, y a éste le siguió otro aspirante presidencial: el empresario José Luna, del derechista Podemos Perú.
Destitución exprés
El giro en contra de Boluarte fue tan drástico que el fujimorismo y Acción Para el Progreso (APP), del empresario y gobernador regional César Acuña, se vieron obligados a anunciar que apoyarían la destitución de Boluarte pese a haber sido sus dos principales baluartes.
La consigna de todos era destituirla ipso facto, y lo lograron con una votación récord para una destitución presidencial, al superar los cuatro quintos de la cámara.
Las mociones fueron admitidas con al menos 113 votos, con 118 aprobaron que se citara inmediatamente a Boluarte para defenderse pese a que el proceso normal es que la sesión tenga lugar entre el tercer y décimo día, y finalmente fue destituida con 122 votos.
Rumores de asilo
La presidenta se rehusó a asistir al hemiciclo y durante toda la jornada no salió del Palacio de Gobierno hasta que se consumó la destitución y dar un irrelevante mensaje a la nación en el que se dedicó a enumerar las cifras de su gestión.
Durante la tarde del jueves se rumoreó que podía haber tanteado la posibilidad de un asilo en Argentina, Brasil y Ecuador. En la embajada de este último país se concentraron decenas de personas para protestar contra Boluarte y tratar de impedir que eventualmente pudiese llegar a la sede diplomática.
Su abogado personal, Juan Carlos Portugal, aseguró que Boluarte no tenía intención de pedir asilo ni de fugarse del país, pese al riesgo de ser detenida ante las múltiples investigaciones que tiene abiertas en Fiscalía.
Ahora será Jerí, un político de 38 años manchado por una denuncia de violación que recientemente fue archivada, el que de manera inesperada lleva las riendas del país que nuevamente debe acudir a las urnas en medio año.
EFE
