A un año de las protestas antigubernamentales que se registraron en el país por el descontento con el sistema de gobierno actual y la crisis política, económica y social que persiste, Víctor Amaya en el programa «Análisis de Entorno» conversó con el abogado constitucionalista, José Vivente Haro y el consejero estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Nicola Yammine.
“Un año después lo que tenemos, lamentablemente, es un escenario de impunidad, en donde el sistema judicial venezolano, el cual ha actuado en todas las protestas del 2017, ha cooperado con detenciones arbitrarias y abuso de la autoridad”, sostuvo Haro, quien fue defensor de varios detenidos durante las manifestaciones.
Luego de la salida de Luisa Ortega Díaz del cargo de Fiscal General de la República, el Ministerio Público (MP) quedó en un limbo, “fue una etapa en donde designaron a unos fiscales para realizar las investigaciones necesarias y aplicar las aprensiones, pero luego el proceso de los fiscales y el MP, de manera premeditada, no llega a ninguna instancia”, explicó el abogado.
Por otra parte, la influencia que tuvieron los distintos grupos estudiantiles en los jóvenes que se manifestaron y, lamentablemente perdieron la vida, fue considerable, “hemos reconocido que sin una estrategia clara no podemos seguir saliendo a la calle porque el resultado, al final, seguirá siendo el mismo, la pérdida de vidas”, destacó Nicola Yammine, consejero estudiantil de la UCAB.
“Nosotros seguimos reafirmando el compromiso de estar en la calle, acompañar a todas las iniciativas que se estén llevando a cabo en el país y todas las articulaciones ciudadanas”, de manera tal que se produzcan todos los cambios positivos en el país y poder salir de la crisis y, además, buscar que se hagan nuevas elecciones de forma limpia y justa para elegir a un nuevo gobierno, expresó Yammine.
Asimismo, el abogado José Vicente Haro, destacó que, todos los casos, excepto dos, “han logrado una libertad sometida a régimen de presentación y a la continuidad de un juicio donde quedan imputados por el cargo de instigación pública, asociación para delinquir, agavillamiento, entre otros”, y donde no hay un debido proceso y se ve a “unos tribunales actuando bajo las instrucciones de un MP o del mismo Gobierno”.
Finalmente, concluyó que la salida del Luisa Ortega Díaz en el cargo de Fiscal fue para peor, de manera tal que, el designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ha llevado al sistema del ministerios a ser un “represor abierto de la violación sistemática de los Derechos Humanos”.
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