Ya los delincuentes no se contentan solo con amenazar a dueños de empresas, tal y como sucedía en las oleadas de este delito conocidas hasta 2020.
Ahora como se dice en términos coloquiales han bajado la vara, y contactan a profesionales independientes, como médicos o arquitectos, para ofrecerles “seguridad”. En algunas oportunidades, se describen como un «sindicato» contratado para llevar a cabo un sicariato contra el interlocutor, pero que se contentarían con el pago de sumas que van desde mil hasta tres mil dólares, para dejar eso así.
Los extorsionadores dicen en sus llamadas que pueden recibir pagos en efectivo, y también mediante transferencias en el sistema convencional o usando el conocido Zelle, lo que representa una auténtica novedad.
En 2020, la extorsión fue uno de los delitos de mayor crecimiento en Venezuela, y pareciera que en 2021 no será distinto.
Las averiguaciones de la GNB y de CICPC indican que la mayoría de las llamadas parten desde internados judiciales o desde retenes policiales donde permanecen personas recluidas y con acceso a teléfonos.
El internado de Puente Ayala (Barcelona) es uno de los puntos de origen detectados con mayor frecuencia. Ahora, sin embargo, los delincuentes cuentan con cómplices en las calles, que atacan a tiros o arrojan granadas a las potenciales víctimas, con la finalidad de dar sustento a sus amenazas.
Esto nos indica que en Venezuela la extorsión ha venido evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos. Por esto es necesario mantenerse vigilantes y denunciar ante los cuerpos de seguridad todos los casos que sean conocidos.
