Con la entrada en vigencia del decreto de alarma nacional, emitido por el presidente el 13 de marzo, se han implantado importantes restricciones a la circulación de personas y vehículos en casi todo el país.
Esto trae como consecuencia que las personas en su mayoría tiendan a permanecer lapsos prolongados en sus viviendas, o en sus conjuntos residenciales. Debido a esto, los primeros incidentes que comienzan a ser reportados tienen que ver con problemas de convivencia.
En Venezuela casi no hay instancias para atajar los conflictos interpersonales, estas situaciones generalmente van escalando hasta que se hacen patentes mediante riñas, en las calles, conjuntos residenciales o en las propias viviendas.
De otro lado, se comienza a ver un incremento en las denuncias por violaciones, actos lascivos o delitos similares. Con estos casos hay que estar muy atentos, toda vez que cuando se hacen del conocimiento de las autoridades ya han sido repetitivos en el ámbito doméstico.
Uno de los delitos que podemos ver tienen que ver con los distintos fraudes al consumidor, algunos llevados por la premura en la adquisición de bienes, que terminan siendo de mala calidad o simplemente defectuosos, otros por la exigencia de un pago muy superior al valor real del bien.
Debido a esto, se requiere acudir a los estratos superiores de las cadenas de mando, que generalmente no participan de estos esquemas, y rápidamente tenderán a aplicar los correctivos necesarios.