Alejandro Disilvestro, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Fedecámaras, señaló que en la actualidad están trabajando en propuestas que permitan establecer un nuevo sistema para el cálculo de las prestaciones sociales. En opinión del abogado, experto en temas laborales, calcular dichos beneficios legales teniendo como base el salario mínimo actual genera un retraso significativo. En Venezuela, el salario establecido por la legislación es de 130 bolívares mensuales.
«Hemos explorado la posibilidad de establecer una especie de período especial en el que se reconozca un mayor ingreso para el trabajador. Este plazo tendría un impacto porcentual en el cálculo de las prestaciones. Es decir, tomar parte del ingreso neto de los trabajadores para calcular las prestaciones sociales», explicó Disilvestro.
El abogado aclaró, durante una entrevista que tuvo en Fedecámaras radio, que actualmente hay que distinguir entre el salario mínimo legal y el ingreso mensual. Los trabajadores del sector público reciben un ingreso mensual de alrededor de 160 dólares, mientras los del sector privado se sitúan desde los 180 $. La mayor parte de estos ingresos son por bonificaciones que no entran dentro del esquema para el cálculo de las prestaciones sociales.
La necesidad de establecer otro monto para calcular los beneficios laborales se hace evidente al revisar el cambio realizado recientemente en el sistema de pensiones. Según la «Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social», la contribución de los empresarios a la seguridad social debe ser de hasta el 15% del total de los pagos realizados a los trabajadores. Sin embargo, el monto tomado como base es el ingreso mensual y no el sueldo mínimo.
Labores de la Comisión
Disilvestro también comentó sobre las funciones de la Comisión de Asuntos Laborales de Fedecámaras, quienes tendrán la tarea de asesorar al directorio de la institución gremial sobre los cambios en materia legislativa que rigen el mercado laboral. Igualmente, trabajarán en la elaboración de propuestas que puedan contribuir a mejorar el ingreso de los trabajadores, las prestaciones sociales y la competitividad del sector privado.
Por ejemplo, el experto señaló que se podría estudiar modificar la legislación para darle mayor libertad a los profesionales de negociar sus condiciones de trabajo. «Si la ley habla de 15 días de vacaciones hábiles por año, esta persona con título universitario pudiera negociar quizás 10 días al año. A cambio, podría recibir unas bonificaciones que le permitieran un mayor ingreso. Eso le daría también un oxígeno a la creación de puestos de trabajo en el sector formal«, dijo.
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