Las personas que circulan en motocicletas son permanentemente detenidos y verificados por los agentes de todas las policías, simplemente porque circulan sobre dos ruedas.
Esta opinión negativa hacia los llamados “motorizados” viene desde los años ochenta, cuando se llegó a prohibir mediante decreto presidencial que estos vehículos transitaran por las autopistas de Caracas.
Según cifras conocidas extraoficialmente, en 2019 fueron reportados 15097 robos genéricos y robos de vehículos. Estos son delitos contra la propiedad caracterizados por un accionar violento, en los que las víctimas pueden tener una idea de cuáles fueron los medios utilizados por sus contrapartes.
De todos estos robos denunciados ante las policías, y presumiblemente investigados, se constató el uso de motocicletas por los victimarios solamente en 1006 casos. Esto equivale al 6,6%. En otros 898 (5,9%) casos las víctimas afirmaron que los asaltantes usaron autos, camionetas o camiones.
Recientemente, gobernadores y alcaldes han implantado restricciones en sus territorios exclusivamente para los usuarios de motocicletas, también guiados por la noción de que son los medios de transporte predilectos de los delincuentes.
En el libro revolución de la muerte, los autores Fermín Mármol y Luis Izquiel también se muestran proclives a la imposición de restricciones al uso de motos, bajo la noción de que son los medios mayoritariamente utilizados por los asaltantes en las vías públicas.
Como se ve, tanto oficialistas como opositores parecieran coincidir en que los cuerpos de seguridad deben tener una actitud más rigurosa hacia quienes utilizan este medio de transporte.
La diferencia entre el uso de motos y de otros vehículos en los robos de todo tipo fue muy pequeña, pero las decisiones han sido contra los motorizados.
Pareciera que el criterio estadístico no fue tomado en cuenta por gobernadores y alcaldes a la hora de aplicar medidas que ponen cortapisas a un derecho constitucional, como el de la libre circulación.
