Corte Penal Internacional puede intervenir en crisis venezolana

La situación de los detenidos políticos es “bastante precaria”, no solo por la situación en la que están detenidos, sino por la forma en que se realizó la detención y en el caso específico del diputado Wilmer Azuaje, el razonamiento de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para otorgarle la medida de casa por cárcel, señalan que “la detención fue ilegal”, según lo informó Luis Izquiel, abogado penalista-criminólogo, asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.

Por lo tanto, el abogado explicó que el diputado Azuaje tiene inmunidad parlamentaria según la Ley de Consejos Legislativos venezolana y la misma fue “irrespetada”. “Este es un caso más de muchos otros donde se atropellan todos los derechos del debido proceso y establecidos en la Constitución”, añadió.

Asimismo, manifestó que “la justicia en Venezuela es independiente y está supeditada a ordenes o designios de la fuerza política que Gobierna el país” y expuso que las decisiones tomadas recientemente en torno a la situación de los presos políticos “pareciera que está enmarcado en alguna estrategia de liberación de presos políticos previo al fraude constituyente del 30 de julio”.

Esta sustitución de medida del diputado Azuaje se suma a la de Leopoldo López y a los 14 policías de Polichacao, fueron solicitadas por el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, porque “tienen medida judicial desde hace tiempo y violando la Constitución, esa medida no se ha ejecutado”.

“Venezuela tiene 18 años de progresiva violación de los derechos fundamentales de los venezolanos”, enfatizó Izquiel.

Para finalizar, según el asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, “es viable que esto termine en la Corte Penal Internacional porque si aquí se cierran todos los caminos de la negociación política, si las personas que están en el poder se atrincheran en la bayonetas, en los fusiles y siguen violando masivamente los Derechos Humanos de los venezolanos, una de las medidas que les quedaría a la comunidad internacional, es acudir a la CPI”.

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