CEDICE presentó este año su investigación Costo judicial y derechos de propiedad en el que se evalúa el proceso de modernización del sistema judicial venezolano, los casos de arbitrajes en contra de Venezuela, la evolución del respeto a los derechos de propiedad en los últimos 15 años, el régimen especial sobre expropiaciones u ocupaciones incluyendo la legislación, medidas preventivas INDEPABIS/SUNDDE y el uso del criterio de “Utilidad Pública e Interés Social”.
Eduardo Porcarelli doctor en ciencias políticas y derecho, experto en comercio, integración, inversiones y entorno nacional e internacional; explicó que esta es una actualización del estudio de CONAPRI realizado en el 2002 “El costo Venezuela” que habló de la identificación de todos aquellos costos transaccionales que tienen un efecto negativo sobre el desarrollo de negocios en el país y de las inversiones.
“Se actualizó este estudio de costo judicial con apoyo de la embajada del Reino Unido y se agregaron tres costos adicionales que se hicieron presentes a diferencia de la edición anterior y que tienen un impacto importante negativo sobre el desarrollo de los negocios como lo es el control de precios, el control de cambios y elementos relacionados con el costo exterior” así lo manifestó Porcarelli sobre este capítulo publicado por CEDICE.
“Cuando un sistema legal y judicial funcionan adecuadamente, estimulan el crecimiento económico puesto que aportan cierto nivel de predictibilidad a todos los arreglos que hacen los diversos agentes económicos” indicó el especialista. Los inversionistas, sobre todo los extranjeros consideran importante el respeto a los derechos de propiedad, y las facilidades de acceso a otras instancias alternativas de solución de controversias.
De igual manera el politólogo expresó que en Venezuela, desde hace al menos 15 años, el funcionamiento del sistema judicial ha ido deteriorándose y las leyes que afectan el derecho de propiedad aumentando, de tal manera que se ha creado un entorno negativo para que negocios e inversionistas se asienten y progresen.
El doctor en ciencias políticas señaló durante una entrevista en el programa “Mesa De Análisis” con CEDICE que “tomando en cuenta la relevancia de un adecuado clima para las inversiones y el desarrollo de los negocios en Venezuela”, en lo atinente a la seguridad jurídica y el derecho de propiedad se presentaron las siguientes recomendaciones:
- Fortalecer las instancias defensoras de los derechos económicos, elevar el nivel del capital social en el cual los jueces deben interactuar, garantizar una verdadera separación de poderes y reducir los costos y la pérdida de tiempo para las partes de los procedimientos judiciales, elevando el número de jueces, modernizando equipos y proporcionando foros accesibles.
- Implementar los concursos de oposición para el ingreso a la carrera judicial para incrementar el número de jueces titulares.
- Incrementar el número de jueces y dividir sus competencias.
- Crear instancias alternativas de solución de conflictos.
- Elevar el grado de instrucción de jueces, a los fines de que entiendan mejor el orden económico que les corresponde examinar y proteger.
- Acondicionar nuevas sedes y equiparlas con modernos equipos.
- Incorporar en futuros acuerdos de promoción y protección de inversiones la instancia del CIADI para el arbitraje internacional.
- Reincorporarse al CIADI como miembro.
- Detener las medidas expropiatorias, intervenciones y ocupaciones.
- Derogar y reformar aquellas leyes que van en contra de la protección al derecho a la propiedad privada y otras libertades económicas..
Escucha la entrevista completa haciendo clic aquí