Fernando Di Geronimo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas (CIM), informó que al menos dos millones de inmuebles se encuentran cerrados y fuera del mercado inmobiliario, ya que dueños y propietarios temen a poner en practica el alquiler o venta de los mismos porque “hay una dislocación con respecto al ordenamiento jurídico”.
“Estamos buscando que dos articulados de la Ley sean cambiados para que puedan abrirse al mercado una gran cantidad de inmuebles”, precisó.
En entrevista para Fedecámaras Radio, Di Geronimo argumentó que el sostenido fenómeno de migración interna ha permitido dinamizar el mercado en el área metropolitana de Caracas; de manera individual, por grupos familiares o entes que buscan alquilar o comprar oficinas y viviendas; escenario que aun con estas variantes sigue siendo complejo debido a la falta de financiamiento.
“Antes con una determinada cuota inicial podías comprar un inmueble, ese crédito está cerrado para los usuarios”, precisó.
Aunque el representante de CIM aseguró que en Venezuela el alquiler “es una forma de vida”, cuestionó el hecho de que los arrendadores quieran cobrar entre 12 y 18 meses por adelantado, un margen que pone a cuesta arriba e imposibilita el deseo de las personas, sobre todo, la población adulto – joven, de querer independizarse.
“Aun si cancelan el monto, ya después del primer año se hace difícil seguir pagando… se debe dar un marco legal que sea satisfactorio para los partes y proteger a ambos, que haya una relación de confianza y amistad”, argumentó.
Para Di Geronimo resulta esencial que el propietario e inquilino no se vean como “enemigos”, por lo que les invita a entablar una relación arrendaticia cómoda.
Detalló que el mayor número de alquileres legales que se dan en el Gran Caracas tienen lugar a las faldas de EL Ávila y el sureste del estado Miranda (Baruta, El Hatillo).
Antes de concluir la entrevista, Di Geronimo reconoció que actualmente existen relaciones a corto plazo de alquiler (Airbnb), para las cuales pidió establecer un marco jurídico que pueda proteger a usuarios y arrendatarios, a pesar de los bajos costos o elementos diferenciados en los servicios.
