Tras ser juramentado por la Asamblea Nacional Constituyente, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz aseguró que una persona cuando está privada de libertad por el Estado, este tiene el deber de resguardar la integridad física y la salud del ciudadano «en el caso de Fernando Albán hubo una falla importante de que esa persona por cualquier situación, salió de la custodia y perdió la vida, hay una responsabilidad ahí que tiene que individualizarse de quién fue el responsable del hecho» actualmente quien está realizando la investigación es la Fiscalía General de la República, señaló que los familiares del concejal tienen el derecho de participar activamente en la investigación.
Ruiz rechazó que ONG’s hagan señalamientos extensivos para funcionarios de seguridad que, a su juicio, han actuado al margen de la ley, han sido investigando y están en proceso judicial en concreto «hacer una generalización de que todas las instituciones públicas o funcionarios policiales por ejemplo el Faes, están violando sistemáticamente los Derechos Humanos me parece que es una generalización».
Caso Ivan Simonovis
Tras la denuncia realizada por la esposa Ivan Simonovis de que funcionarios del Sebin sacaron al preso político de su residencia donde estaba cumpliendo con un arresto domiciliario sin autorización, el titular de la Defensoría del Pueblo retieró que, son distintas las situaciones de las personas que están privadas de libertad en su residencia «es el tribunal el que puede ordenar que haya algún traslado, ahí debe haber alguna comunicación, no estamos al tanto porque no hemos recibido alguna denuncia en cuanto al expediente».
Caso contrario a las personas que están privadas de libertad en centros de reclusión debido a que es responsabilidad de la institución a la cuál está asignada la privación de libertad «en cada centro de detención del Ministerio del Servicio Penitenciario existe una enfermería y personal de salud que debe monitorear la situación de salud, en el Sebin ellos tienen un servicio médico y hay personal capacitado para cada patología».
Caso Torre Viasa
El titular de la cartera señaló que si la Defensoría del Pueblo presume que haya en un caso vulneración de derechos humanos se designa un defensor para que haga las investigaciones, por esa razón, hubo un defensor en la torre y han recibido diversas denuncias de personas que fueron detenidas y familiares «le solicitamos información al Ministerio Público quien es el encargado de realizar la investigación penal para ver si hubo algún delito durante el procedimiento».
Servicios públicos y tabuladores salariales
A juicio del Defensor del Pueblo, la institución que representa ha estado vigilante de manera «permanente» en cuanto a las denuncias de servicios públicos «las denuncias con respecto a la distribución del gas y el agua potable, se están haciendo revisiones para que se hagan los arreglos necesarios para resolver la situación».
De igual forma, indicó que están en constante comunicación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Aguas para monitorear la calidad el agua «hemos revisado que eso no sea fuente problemas, hay enfermedades que se trasmiten cuando el agua no tiene suficiente calidad y no hemos tenido problema hasta ahora, pero la coloración del agua y el olor del agua que viene es un problema» destacó que la respuesta que ha recibido es que se genera por las lluvias «eso mueve las represas y ese barro que se forma allí se va por las tuberías y disminuye la calidad del agua, pero ahora no se tienen epidemias porque se mantienen las vigilancias permanentes».
En cuanto al tema de los tabuladores salariales aseguró que hay limitaciones que tiene la actuación de la Defensoría del Pueblo, porque es una asignación que tiene el Ministerio de Trabajo «quien hace de mediador son las inspectorías del trabajo y si no hay acuerdo van a los tribunales laborales, pero si hubiera algún retraso a nivel procesal actúa la defensoría y puede hacer algunas recomendaciones».
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