Cada comienzo de mes, cuando amanece el día de cobro de pensión, la rutina en casa de Martina* se repite con una mezcla de esperanza y resignación. Aún no ha salido el sol y ya está en pie.
Se ajusta la bata con manos curtidas por los años y camina hacia la pequeña cocina donde su hija menor, María Eugenia*, se alista para ir al trabajo. El silencio de la mañana se rompe con un saludo cargado de ternura y ansiedad.
— Buenos días, hija. Dios te bendiga. Revisa la cuenta, a ver si ya cayó la pensión… ¿Cuánto pusieron?
La pregunta, aunque ya conocida, no pierde su urgencia. Del otro lado de la mesa, María Eugenia consulta su celular sin levantar la vista.
— 130 bolívares, mami —responde con tono seco, casi mecánico.
Martina suspira. Otra vez lo mismo. Los 260 bolívares que suma entre su pensión y la de su esposo fallecido ya tienen destino marcado: arroz, queso y un puñado de verduras.
La adulta mayor confiesa que, tras los recientes anuncios oficiales, albergaba la ilusión de un aumento, pero la cifra no cambió. Y aunque anunciaron un nuevo ajuste, ella no logra comprender cómo funciona ni en qué momento se traducirá en algo tangible.
El pasado miércoles 30 de abril, Nicolás Maduro anunció el incremento de las pensiones a 50 dólares y un aumento del 23 % del Ingreso Mínimo Integral para el sector público, compuesto por bonos. Sin embargo, desde hace más de tres años el salario mínimo está congelado en 130 bolívares, equivalentes, para el jueves 21 de mayo, a 1,36 dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela.
Desmotivada, la mujer que dedicó 35 años de su vida a la enseñanza de química en secundaria expresó:
“Con eso compro un arroz que vale 120 bolívares, 80 bolívares de queso y 60 de verdura. Eso es todo y porque cobro dos pensiones, pero el que cobra una sola como mi vecina, solo compra un arroz. Es lamentable”.
Su hija María Eugenia, de 35 años, trabaja como cajera en un supermercado, con un sueldo mensual de 120 dólares calculado a la tasa oficial. “Eso a duras penas me alcanza para los pasajes y la medicina de la tensión de mi mamá”, dijo a Crónica Uno la licenciada en enfermería que hace más de un año no ejerce debido a los bajos sueldos del sector médico.
Menos dólares
Desde hace más de tres años, la economía familiar de ambas depende de Franklin*, el hermano mayor, quien emigró a Estados Unidos. Sin embargo, con las nuevas medidas migratorias de Donald Trump relacionadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y las deportaciones, Franklin perdió su empleo hace dos meses.
“A mi hijo lo botaron cuando comenzaron las redadas de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). Su jefe le dijo que no fuera más porque era un riesgo para la empresa y para él, desde entonces no tiene trabajo fijo y lo que consigue le pagan muy poco, porque nadie quiere contratar migrantes”, dijo Martina quien recibía unos 200 dólares al mes de remesa.
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración de Donald Trump a retirar el TPS a unos 350.000 venezolanos, lo que les permitía trabajar y residir legalmente en ese país sin riesgo de deportación.
Vía telefónica, Franklin admite estar preocupado. “Yo tengo un proceso de asilo en trámite y eso, en teoría, me protege de cualquier deportación, pero aquí siguen las redadas. Hay que tener mucho cuidado en la calle. Me da miedo pedir mi deportación voluntaria porque puedo terminar en El Salvador. La verdad es que tengo mucho miedo”, dijo el ingeniero venezolano que se mantiene llevando paquetes de Amazon en un carro alquilado.
Una dieta balanceada imposible
Martina explica que, cuando contaba con la ayuda económica de su hijo, podía comprar proteínas, cereales, verduras, frutas y sus medicinas. Además, Franklin solía enviarle dinero extra, en promedio unos 100 dólares, cuando necesitaba asistir a consultas médicas.
“Él se fue de aquí por mí, para darme una mejor calidad de vida, pero lamentablemente estamos igual o peor. Con mi pensión, el Bono de Guerra Económica y lo que aporta mi hija no llegamos a fin de mes y eso que ahora comemos solo dos veces al día y menos cantidad”, sentenció.
Según la Unidad de Información y Estadística de la Cámara de Comercio de Maracaibo, el costo de la canasta básica en la ciudad alcanzó los 527 dólares, reflejando un aumento del 7,58 % respecto al estudio anterior realizado en febrero.
El análisis detallado indica que las carnes y sus derivados registraron el mayor aumento, con una variación del 23,07 % en bolívares y del 13,66 % en dólares. Le siguen los productos lácteos, con un alza del 10,45 % en dólares.
Las frutas y hortalizas también se incrementaron en un 17,50 % en bolívares, reflejando una inflación constante tanto en moneda nacional como en divisas.
¿Qué pasa con las remesas?
Jhon Rivero, de 35 años, se dedica desde hace más de una década a la compraventa de dólares en Maracaibo. También recibe remesas del extranjero, principalmente desde Estados Unidos, para familiares en Maracaibo y Valencia. “Desde que Trump aplicó las medidas de deportación, muchos clientes perdieron al menos uno de sus empleos. Eso redujo el envío de remesas en casi un 40 %”, explicó.
Según el estudio Maracaibo en Datos, elaborado por la Cámara de Comercio en julio de 2024 con una muestra de 600 familias de las 18 parroquias de la ciudad, el 51,60 % recibe ayuda del extranjero. De ese grupo, el 40,80 % la recibe una vez al mes, con montos que oscilan entre 100 y 200 dólares.
Rivero detalló que hasta diciembre de 2024, las transferencias más comunes eran de 50 dólares.
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