Rodrigo Diamanti, economista, activista de derechos humanos y director de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, destacó que a pesar de la Corte Penal Internacional (CPI) busca juzgar a todos los funcionarios implicados en crímenes de lesa humanidad, la institución lo que más busca son altos cargos, ya que el objetivo de la organización es evitar que se comentan crímenes que sean resultado de políticas de Estado.
“Nosotros como ONG de derechos humanos realmente dudamos de que realmente en Venezuela vaya a haber procesos genuinos de justicia y de no haberlos, la fiscalía de la Corte Penal Internacional comenzará entonces a investigar nombre por nombre los casos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y los posibles responsables cualquiera que sea su rango”.
Diamanti detalló que el gobierno de Venezuela no puede detener el proceso de la CPI y que la única manera de detenerlo es a través del enjuiciamiento de los cargos de funcionarios públicos que se encuentren vinculados a crímenes de lesa humanidad.
De igual modo, destacó que aunque Venezuela decida retirar su firma del instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, los crímenes cometidos durante la permanencia de la firma continuarán siendo investigados, por lo que no existe forma de paralizar la investigación.
El activista también enfatizó que ha habido un cambio de patrón en el proceder del gobierno, destacó la condena de 23 años que se le dictó el pasado 22 de octubre al sargento Arli Méndez Terán por el asesinato de David Vallenilla en el año 2017, sin embargo, reiteró que este hecho se trata solo de un juicio a la persona que disparó, puntualizando que la pregunta que la fiscalía busca responder es quién dio la orden.
“Si contamos el número de personas asesinadas del 2014 para atrás, son menos del 0.01% del porcentaje que ocurrieron a partir del 2014, todos recordaremos que comenzó una situación que casi que por día que había protesta había una persona asesinada”
Por otra parte, Diamanti señaló en una entrevista exclusiva para Análisis de Entorno que todos los venezolanos deben confiar en la fiscalía internacional, que todas las personas que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad deben denunciar, señalando que la única manera de no ganar el proceso ante la corte es no declarar.
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