Durante los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro aproximadamente 1.300 activos privados han pasado a ser administrados por el Estado o por cogestión laboral, según el economista José Gregorio Piña.
Explicó que la referida cifra se sustenta en los datos aportados por diversas cámaras empresariales del país e incluye ventas directas además de muebles, inmuebles, predios, galpones y empresas los cuales en algunos casos, asegura fueron abandonados por sus dueños.
En lo que corresponde a hectáreas productivas expropiadas, Fedeagro contabiliza que estas superan los 5 millones durante el referido período.
Apunta Ana María Carrasquero, integrante del Observatorio de Derecho de Propiedad de Cedice Libertad que tienen registradas 1.359 expropiaciones hasta 2017. No obstante, aclara que-por ejemplo- hay predios a los que se les dictó el Decreto, pero para adelantar los procesos no se cumplió en rigor con la ley y estos no fueron cancelados.
Respecto a las ocupaciones e intervenciones, la vocera explicó que en la data totalizan 1.400 donde figuran empresas del sector primario, secundario y terciario de la economía.
“Las formas en que se han venido afectando los derechos de propiedad de los empresarios y quienes realizan actividad económico han ido mutando”, comentó.
Caso Kellogg´s
Al referirse a la situación planteada con la fábrica de cereales estadounidense Kellogg´s, luego de que la multinacional anunciara el cese de operaciones en Venezuela, Piña dijo que “ellos abandonaron la empresa, hay casos similares como el de Kimberly Clark donde se aplicó el modelo de cogestión laboral. En principio había que garantizar la operatividad de la empresa y la estabilidad de los trabajadores”.
Considera que la situación tiene que ver con la coyuntura política del país y “ lo más probable es que en algún momento lleguen a un arreglo y la empresa vuelva a operar”, sentenció.
Se conoció que el tema de la referida empresa será tratado en la Junta Directiva de Cavidea. Sin embargo, la Cámara esperará a recibir la información de manera formal y no fijará posición pública hasta que esto ocurra.
La presidenta de Consecomercio María Carolina Uzcátegui calificó como inconveniente no solo el cierre de Kellogg´s, sino las medidas posteriores que ha tomado el gobierno en contra de los directivos al solicitar código rojo ante la Interpol a sus directivos y dueños, sostuvo.
Destacó que se encuentran en incertidumbre más de 500 puestos de trabajo y el Ejecutivo “en lugar de buscar una forma de conciliar para que la empresa continúe operando decide desprestigiarlos públicamente”, cuestionó.
Recordó la representante gremial que ninguna de las empresas de las que el gobierno ha tomado posesión funciona plenamente.
Arranca operaciones
Entre tanto, el gobernador del estado Aragua Rodolfo Marco Torres anunció la reactivación de la planta Kellogg´s este miércoles agregando “vamos a dar inicio a la operatividad de la planta (…) y podemos ver que tiene suficiente materia prima para una producción de aproximadamente tres meses” aclarando que ningún producto podrá ser comercializado sin autorización, informó.
Cabe destacar que producto de este tipo de situaciones varias empresas han acudido al Centro Internacional de Arreglo de Indemnización de Inversiones (Ciadi), en busca de acuerdo, e incluso en abril la firma estadounidense Kimberly Clark recurrió al referido organismo para solicitar el inicio de un procedimiento de arbitraje contra Venezuela, según una publicación en el sitio del Banco Mundial.
También han demandado a Venezuela ante la referida instancia a Agroisleña, Gold Reserve, Exxon Mobil y Conoco Phillips, entre otras.
Créditos: El Universal
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