El economista e investigador del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston, EE. UU.), Francisco Monaldi; la abogada y presidenta de la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos (AVH), Cristina Tovar, y el coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente de Venezuela (CEIA), el ingeniero Oswaldo Felizzola, coincidieron en que los cambios en la legislación pueden ser una oportunidad de apertura para la disminuida industria petrolera nacional, que puede propiciar desarrollo en el sector y generar repuntes en la producción, así como rentabilidad para el Estado y las empresas internacionales que operen en el país.
Sin embargo, los expertos advirtieron sobre aspectos de la reforma que generan interrogantes, entre ellas la discrecionalidad relacionada con las negociaciones o temas como la rendición de cuentas.
Una ley para la maximización de recursos
Venezuela pasó de producir 3,1 millones de barriles diarios, nivel histórico que alcanzó en 1998, a poco más de 1,1 millones de barriles por día en diciembre de 2025, según reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como consecuencia de años de desinversión, mal manejo administrativo, alta politización y escándalos de corrupción que marcaron la debacle de la industria petrolera nacional.
En ese contexto, la presidenta de la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos destacó que con la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, integrada por 80 artículos, el Gobierno busca que el nuevo marco regulatorio «lleve a la maximización de los recursos» en medio de crecientes necesidades de inversión nacional e internacional.
«Han surgido críticas por la discrecionalidad que permite por tipo de proyecto. Es una ley para definir cómo voy a negociar con el proyecto A y cómo negocio en el proyecto B, porque son distintos. Entonces permite la negociación para la maximización bajo los criterios según cada proyecto», apuntó Tovar en su intervención.
Nuevo marco fiscal
La reforma de la ley revocó un conjunto de impuestos a la actividad de extracción petrolera y establece un límite de hasta 30% para las regalías sobre el valor de hidrocarburos extraídos y no reinyectados. Asimismo, permite al Ejecutivo ajustar ese porcentaje según cada proyecto y el tipo de inversión que se requiera. «La ley no es restrictiva y permite acoplar el marco fiscal a cada proyecto. La regalía es la renta del Estado más fácil de recaudar. El diseño del régimen fiscal tiene que reflejar el potencial del recurso y equilibrar los intereses», añadió la presidenta de la AVH.
El instrumento incluye un impuesto integrado de hasta 15% sobre ingresos brutos (por hidrocarburos extraídos) que sustituye contribuciones propias del sector, así como impuestos municipales y estadales.
La abogada, especialista en el área fiscal, precisó que con la reforma, la ley divide la participación del sector privado como operadores y clasifica el tipo de modelo de negocio según el funcionamiento contractual.
De ahí que se mantengan las empresas mixtas (EEMM), en las cuales el Estado tiene mayoría accionaria (un esquema vigente desde 2006) y se incluya una modificación de los Contratos de Participación Productiva (CPP) a Contratos para el Desarrollo de la Actividad Primaria (CPPH).
De acuerdo con Tovar, 47% de la producción petrolera en Venezuela proviene del funcionamiento de empresas mixtas, mientras que 33% de los niveles productivos del sector se debe al esquema de Contratos de Participación Productiva (CPP). «El mayor crecimiento viene de los Contratos de Participación Productiva, pero la estabilidad viene de las empresas mixtas (EEMM), que son las
que tienen mayor inversión», apuntó la especialista.
Otras de las modificaciones más llamativas que incluye la legislación es que permite el arbitraje independiente y elimina el requisito de aprobación de la Asamblea Nacional para la conformación de empresas conjuntas.
Nota de prensa.
