Las esposas y familiares de 17 ex trabajadores petroleros venezolanos que fueron detenidos hace dos años, presuntamente por cometer actos delictivos contra la industria según el Fiscal Tarek William Saab, denunciaron que en estos casos judiciales no se ha cumplido el debido proceso. También pidieron que estos expedientes sean considerados por la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien está Caracas para conocer sobre los casos de personas privadas de libertad por razones políticas.
“En vista de las declaraciones del fiscal es que nosotras decidimos salir a la luz pública, para solicitarle que envíe un equipo multidisciplinario, se aboque en el caso de PDVSA y revise el expediente, para verificar si hay algo que indique que son culpables, para que luego se haga la audiencia y se tome una decisión”, manifestó Carol Piña, quien es abogada y esposa de uno de los 17 ex trabajadores petroleros.
Asimismo, ante todas las quejas y el llamado que se le ha hecho a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no solo se levantó Piña, sino también Orel Graterol y Jeremy Velásquez. “Pedimos ayuda y una respuesta de las autoridades competentes, porque ya la audiencia preliminar se ha suspendido 16 veces”, agregó la abogada.
Del mismo modo, Graterol quien es la esposa de Juan Carlos Barreto ex Gerente de Coodinación Operacional, especificó que a los detenidos se les está acusando de ser saboteadores petroleros en la industria, causando un daño y además de maquillar cifras del crudo.
“En cuanto a las cifras operadas como fiscalizadas, es algo muy técnico, algo que solo personas preparadas y con una larga trayectoria pueden interpretar, por eso es necesario incluir a estas personas que entiendan lo histórico. Tanto mi esposo como el resto de sus compañeros ni siquiera han tenido la oportunidad de justificar algo o defenderse ante estas acusaciones”, agregó Jeremy Velásquez, en el programa Portales con el equipo de Petroguia.
Finalmente, afirmaron que ante la visita de la comisión de la (ONU) y específico por la Alta Comisionada , que solicitan ayuda, ya que no consiguen el apoyo de las autoridades competentes para que se lleve la audiencia acabo, y además se respeten los derechos humanos de los presos. “En definitiva estamos en un limbo políticos”, agregó Peña.
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