En los últimos 8 meses –luego de que Corpoelec entró en default en noviembre al no honrar el pago a los tenedores del bono Elecar 2018 por 27,6 millones de dólares–, la cesación de pagos se ha convertido en una práctica del gobierno. Hasta este mes, adeuda 4,293 millardos de dólares por 22 bonos vencidos y 80 millones de dólares por 2 títulos que están en período de gracia, según cálculos de Rendivalores.
Jesús Palacios, analista financiero de la firma, señaló que Venezuela empezó a utilizar las sanciones, que ha aplicado Estados Unidos desde agosto pasado, como su principal excusa para no atender sus compromisos. “El mercado tiene muchos motivos para dudar sobre ese argumento, porque efectivamente el gobierno estadounidense aclaró que las sanciones no bloqueaban los pagos que fueran obligatorios”.
Desde 2014 hasta finales de 2017, dijo, el recorte de las importaciones fue de 70%, una “cantidad bárbara” considerando que se trata de un lapso tan corto y por el efecto que tuvo en la calidad de vida de los venezolanos debido a la fuerte escasez de alimentos y otros productos básicos. “Hasta ese momento Venezuela venía pagando la deuda, pero las sanciones terminaron siendo la excusa definitiva del gobierno para no cumplir sus compromisos”, reiteró.
Palacios indicó que el 3 de noviembre pasado, un día después de que el presidente Maduro anunció la reestructuración de la deuda externa, la cotización de los bonos venezolanos cayó más de 23%. Antes, el valor era de un poco más de 40 dólares, promedio.
En los últimos días, debido a la falta de expectativa en el mercado de que exista un cambio en el país, los bonos están incluso muy por debajo de 30 dólares.
A pesar de que el gobierno ha declarado que quiere cumplir sus compromisos, Palacios aseguró que no ha habido ninguna demostración de que vaya a pagar, con excepción del Pdvsa 20 que es el único pago que ha hecho en las fechas específicas. “Da la casualidad de que justamente ese bono es el que tiene de colateral como garantía a Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos”, recordó Palacios.
El año pasado hubo reuniones, lideradas por el entonces vicepresidente Tareck el Aissami, con tenedores de bonos, lo que complicó la posibilidad de los inversionistas de negociar la deuda porque el funcionario está sancionado por Estados Unidos, añadió.
“Las sanciones buscaban limitar todo tipo de refinanciamiento para Venezuela. Haber nombrado a El Aissami también se convirtió en una piedra de tranca, pero la verdad es que pareciera que había poca capacidad del gobierno para llegar a una solución que convenciera a los tenedores de bonos”, dijo.
Una consecuencia del impago, advirtió, sería que los acreedores se organicen y presenten una demanda colectiva para denunciar a Venezuela por haber incurrido en default. “Ha corrido información de grupos que se han estado organizando”, afirmó.
El Comité de Acreedores de Venezuela –grupo de inversionistas institucionales que tiene aproximadamente 13% de la deuda externa–, declaró el martes pasado que no respaldará ningún plan de reestructuración que no establezca un trato equitativo para todos los tenedores de bonos.
Cifra
40 dólares era la cotización, promedio, de los bonos venezolanos, que cayó más de 23% un día después de que el presidente Nicolás Maduro anunció la reestructuración en noviembre de 2017.
Créditos: El Nacional
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