El Procurador especial de la República designado por Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, destacó que sus funciones están definidas en el artículo 15 del estatuto para la transición de conformidad de las disposiciones constitucionales de la materia.
Hernández destacó que de ser cierta la noticia de que Maduro sacó al menos 8 toneladas de oro del BCV, sería una operación ilegal “el régimen ya no tiene ningún título legal sobre el oro de Venezuela”, catalogó de “iluso” pensar que ese oro puede transar en los mercados internacionales sin que tenga implicación de cara a los estados que han reconocido a Guaidó.
Más temprano que tarde, ese oro será recuperado y devuelto a Venezuela como corresponde, dijo el Procurador especial de la República.
Destacó que la prioridad estará en la abstención de los juicios y en general de aquellas actuaciones que coloquen en riesgo inmediato activos esenciales del estado en el extranjero “esos activos hay que protegerlos porque son y serán parte importante de la reconstrucción económica del país”.
Hernández señaló que mientras persista la usurpación, no hay estado de derecho y por lo tanto hablar de defensa judicial no tiene ningún sentido práctico, sin embargo, en los gobiernos que ya han reconocido a Guaidó ya se está comenzando a trabajar.
Aseguró que hasta el momento no han encontrado ningún tipo de obstáculo “a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo, aquí no estamos violando la ley ni la constitución, se está actuando para el restablecimiento en pleno de la carta magna”.
Posible detención de Juan Guaidó
Si se materializara la detención de Juan Guaidó, Hernández destacó que sería “arbitraria”, debido a que, el TSJ ha venido tomando decisiones más políticas que jurídicas que violan abiertamente las garantías más básicas del debido proceso.
Además, puntualizó que Juan Guaidó en condición de diputado electo y encargado de la República, cuenta con una serie de prerrogativas y privilegios reconocidos no solo en el derecho constitucional venezolano sino internacional.
Estatuto de transición
Destacó que dentro del estatuto para la transición está el objetivo de aprobar una ley de justicia transicional, aclaró que no implica impunidad, ni implica perdonar graves violaciones de derechos humanos “el propósito es comprender que solo se puede construir una transición democrática estable y exitosa desde la reconciliación nacional”.
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