A solo 15 días de que la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo emitiera el informe con recomendaciones al régimen de Nicolás Maduro para revertir los incumplimientos de distintos Convenios Internacionales de la OIT, el Poder Ejecutivo anunció un nuevo aumento salarial inconsulto.
“La fijación del salario mínimo, de manera unilateral, transgrede el Convenio N°26 referido a la consulta tripartita (gobierno-empleadores-trabajadores) para acordar wl sueldo base y que se viola desde 2000 durante la presidencia de Hugo Chávez”, señala Linerby Sánchez, directora de Proyectos del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
Pero el agravamiento de la crisis económica y social por erradas políticas sumergió a Venezuela en los últimos cinco años en una espiral inflacionaria, que Maduro ha tratado de “compensar” con frecuentes alzas de salario -de hasta cinco anuales- que ha cubierto con la creación de dinero electrónico, atizando aún más la inflación.
Más allá del porcentaje de aumento establecido, lo que queda claro es que el gobierno –por la vía de hecho— ha anclado el salario mínimo al dólar, manteniéndolo en cada una de las tres ocasiones que ha realizado ajuste este 2019 en un equivalente a $7,5 o lo que es lo mismo $0,25 diarios (sin incluir el bono de alimentación), muy por debajo del nivel de pobreza establecido por el Banco Mundial de $1,90 al día.
“Los incrementos se han dado de forma arbitraria, sin consultar a todas las partes involucradas, lo que denota que la administración de Maduro no tiene una real intención de corregir las constantes y continuas violaciones a los acuerdos laborales, estipulados en distintos Convenios Internacionales y que llevaron tanto a empleadores como a representantes sindicales a elevar la queja ante la OIT”, dijo Sánchez.
La nueva medida de Maduro, que apenas eleva de $2 a $7,5 el salario mensual y atenta básicamente contra los empleados de la administración pública, es “una manifestación más de que el gobierno no está dispuesto a entablar un diálogo social, como lo exige la sociedad venezolana para salir de la crisis política y económica que coloca al país no solo con los precios más elevados del planeta, sino con la peor destrucción de la economía para una nación que no está en guerra”, comentó la directora de Proyectos del Inaesin.
