Más del 80% del empleo agrícola en América Latina y el Caribe opera en condiciones de informalidad, pese a que la región se posiciona como el principal exportador neto de alimentos del mundo, según un nuevo informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El estudio, basado en datos entre 2019 y 2023, evidencia que la informalidad afecta de manera desigual a las poblaciones rurales, impactando con mayor fuerza a mujeres, jóvenes y adultos mayores, grupos que concentran las mayores vulnerabilidades dentro del sector.
Y aunque América Latina aportó 15,5% de las exportaciones globales de alimentos entre 2020 y 2022, pero continúa arrastrando profundas brechas laborales en el campo. La OIT y la FAO advierten que estos niveles de informalidad permanecen “estructuralmente arraigados”, tanto en la región como en el resto del mundo.
El fenómeno no es exclusivo del continente: a escala global, uno de cada tres trabajadores informales está vinculado a la agricultura. La desigualdad es aún más marcada según el nivel de ingresos de los países: en las economías de menores ingresos, 62% de la fuerza laboral informal se dedica al sector agrícola, mientras que en las de altos ingresos la cifra se reduce a solo 9%.
Países con mayores y menores tasas
Según el informe Trabajo Decente e Informalidad en el Sector Agrícola de América Latina (2019-2023), Bolivia (98,5%), El Salvador (95,8%), Perú (94,5%) y Ecuador (92,9%) encabezan la lista de naciones con mayor informalidad agrícola.
En contraste, Costa Rica (46,7%), Chile (39,7%) y Uruguay (28,7%) registran los niveles más bajos de la región.
La OIT explica que estas diferencias responden principalmente a la estructura de los mercados laborales: donde predominan los trabajadores por cuenta propia y los familiares no remunerados, las tasas de informalidad tienden a ser mucho más altas.
Impacto en productividad y pobreza rural
El informe advierte que los países con mayores tasas de informalidad agrícola presentan también niveles más bajos de productividad, un factor que limita la capacidad de inversión, la adopción de tecnologías y la estabilidad de los ingresos rurales.
En 2023, la pobreza en las zonas rurales de América Latina alcanzó el 39,2%, una cifra 1,6 veces superior a la registrada en áreas urbanas. La brecha responde a condiciones estructurales persistentes: alta dependencia de actividades de baja productividad, acceso limitado a servicios básicos y baja cobertura de protección social.
El sector agropecuario fue, además, el tercer grupo más numeroso de ocupación informal en la región, solo superado por comercio, restaurantes y hoteles; y servicios comunales y personales.
Llamado a políticas integradas
Ante este panorama, la OIT y la FAO recomiendan la adopción de políticas integrales que transformen la realidad del trabajo rural, con énfasis en la ampliación de la protección social, la formalización progresiva, la inversión en infraestructura básica y la creación de oportunidades económicas sostenibles.
“La informalidad sigue siendo uno de los obstáculos más arraigados para la justicia social y el desarrollo sostenible en América Latina”, afirmó Ana Virginia Moreira, directora regional de la OIT.
El informe subraya que reducir estos niveles de informalidad es esencial para garantizar un desarrollo agrícola competitivo, inclusivo y sostenible en la región.
Finanzas digital con información de Bloomberg
