En la primera semana de diciembre, por ejemplo, la ciudadanía de Maracaibo se vio impactada por el lanzamiento de dos granadas fragmentarias a las fachadas de comercios que, a esas horas del día, estaban en pleno funcionamiento.
Con estos casos, de acuerdo con la prensa local, asciende a quince el número de locales e inmuebles que se ha visto afectado por un procedimiento aplicado por las bandas criminales para presionar a los empresarios a pagar dinero por servicios de “protección”.
Como ha sucedido en otras partes del mundo, como Italia, Rusia y Estados Unidos, se plantea aquí una paradoja, pues los propios criminales ofrecen un servicio para mitigar una crisis que ellos mismos han creado con estos ataques.
Durante los primeros nueve meses de 2020, en plena cuarentena radical, han sido iniciadas 274 averiguaciones por extorsión. Esto rebasa en más de 33% el total de denuncias recibidas y procesadas durante todo 2019.
Tal y como ha sucedido con otros delitos, a partir de julio comenzó una especie de repunte, que ha llevado las cifras prácticamente a los mismos niveles que existían antes de la alarma nacional decretada en marzo.
Un factor que ha contribuido al incremento de la extorsión, de acuerdo con activistas de derechos humanos como Rafael Uzcátegui, ha sido la aparente participación de funcionarios policiales y militares.
Según Uzcátegui, las redes se han conformado cuando los uniformados se percataron de que podían extraer recursos de comerciantes que intentan eludir los cierres radicales. Esta situación, desde luego, se mitiga cuando el gobierno central ordena flexibilizar la cuarentena. Pero el peligro es que estas organizaciones que operan a lo interno de las policías se desplazarán hacia la comisión de otros delitos.
Con esto es necesario estar ojo avizor, atentos para la detección y la denuncia oportuna de sujetos que solo contribuyen a mermar la confianza de la ciudadanía en sus cuerpos de seguridad.
