La migración venezolana, una de las mayores movilizaciones humanas de las últimas décadas, ha redefinido no solo el panorama social de América Latina, sino también su dinámica económica. Lejos de ser un fenómeno asociado únicamente a desafíos humanitarios, la diáspora se ha convertido en un actor económico de creciente relevancia.
Un nuevo estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que los hogares venezolanos aportan más de 10.600 millones de dólares al año a las economías de la región, principalmente a través del consumo en vivienda, alimentos, educación y salud. Es un flujo que desmiente percepciones arraigadas y revela el impacto estructural de la integración migratoria.
Maria Moita, directora regional de la OIM, lo sintetiza con claridad: cuando los gobiernos amplían las oportunidades de regularización e integración, “toda la sociedad se beneficia”. El informe ofrece evidencia sólida de ello.
Más allá del consumo, los migrantes venezolanos también contribuyen a las finanzas públicas. Su aporte fiscal representa alrededor del 1,2% de la recaudación tributaria en los países analizados. En Colombia, por ejemplo, la contribución supera los USD 529 millones en un solo año, una cifra que desafía la narrativa de que la migración es una carga para el Estado.
Emprendimientos que generan empleo y capital
El impacto económico no se limita al gasto ni a los impuestos. Los emprendimientos liderados por venezolanos se han convertido en un motor de dinamismo empresarial. En Panamá, estas iniciativas han generado 40.000 empleos, mientras que en Aruba han impulsado inversiones superiores a USD 1.100 millones. Desde pequeñas empresas gastronómicas hasta proyectos tecnológicos, estos negocios han revitalizado sectores enteros y ampliado la base productiva local.
El estudio, basado en investigaciones realizadas desde 2021 en ocho países, confirma que la población migrante venezolana posee una sólida formación técnica y universitaria. Sin embargo, gran parte de ese potencial permanece desaprovechado. El 82% trabaja en la informalidad y el 41% no tiene acceso a crédito ni a servicios financieros formales. No se trata de falta de capacidades, sino de barreras estructurales que dificultan el acceso al empleo formal y limitan la expansión de sus negocios.
Regularización: una condición para liberar el potencial económico
El impacto económico observado ha sido posible gracias a los esfuerzos de los gobiernos por ampliar los procesos de documentación y regularización. De los 6,9 millones de venezolanos que viven en América Latina y el Caribe, cerca del 70% cuenta con estatus migratorio regular. Esta base legal ha permitido que millones accedan a oportunidades laborales, educativas y financieras que antes estaban fuera de su alcance.
La OIM concluye que la regularización no solo garantiza derechos: reduce la informalidad y maximiza los aportes económicos de la población migrante.
La publicación del informe coincide con el Día Internacional del Migrante, una fecha que invita a revisar políticas públicas y percepciones sociales. La evidencia es contundente: lejos de ser un peso, los migrantes venezolanos se han convertido en un componente esencial del crecimiento económico regional. Reconocerlo —y actuar en consecuencia— será clave para que América Latina transforme un desafío humanitario en una oportunidad de desarrollo compartido.
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