Algunos incluso, han reprochado al ejecutivo los planes que desarman a los cuerpos policiales, por considerar que los deja en un estado de indefensión.
La reforma a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, sancionada por el parlamento (regido por opositores) en octubre de 2016, tiene una disposición transitoria según la cual:
“Todas las armas y municiones que fueron retiradas de las policías estatales y municipales por alguna medida administrativa deberán ser devueltas por el ejecutivo nacional a los organismos de los cuales fueron sustraídas”
Esta es una lógica que el criminólogo Keymer Ávila ha descrito como de “guerra fría”: si el hampón tiene fusiles, todo policía también debe tenerlos, y de ser posible mejores.
Pero esa convicción generalizada pareciera carecer de sustento científico o estadístico. En 2014, Ávila llevó a cabo una investigación sobre la victimización policial. En esa época, sorprendían las cifras de agentes ultimados y concluyó que el uso de armas largas en contra de los funcionarios “es excepcional”.
Los fusiles, como los exhibidos recientemente por miembros de bandas en Petare y la Cota 905, tienen según Ávila una utilidad más simbólica que instrumental a partir del miedo que inspiran, se facilita el control en determinados territorios.
Las policías preventivas usualmente se abstienen de intervenir cuando perciben que del otro lado hay hampones con Fal o AR-15, ya que los impactos por los proyectiles de estas armas pueden ocasionar daños considerables.
Especialistas creen que el arma por sí sola es suficiente, pero “no tienen tácticas”. Aún así, es raro ver que gendarmes con la dotación reglamentaria enfrenten a bandas que poseen armas de guerra.