La Asamblea Nacional abrió una investigación contra 6 empresas que presuntamente tranzaron 6,2 millones de dólares mediante negociaciones irregulares con Petróleos de Venezuela y la Tesorería Nacional.
Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría, explicó que las irregularidades financieras cometidas entre 2004 y 2013 involucra a las firmas Halifax Group C.A., Comercializadora Servinvest C.A., Inversiones Integrales Totalgroup C.A., Multiset Trade C.A., Grupo Hancock C.A., Integrados Whymper C.A, que habrían adquirido divisas a precios preferenciales a través de notas estructuradas. Agregó que las negociaciones se hicieron en complicidad con bancos nacionales e internacionales y afectaron seriamente el patrimonio del Estado.
Los diputados iniciaron la averiguación por los presuntos delitos de sobornos y extorsión este año, luego de que el 11 de septiembre de 2017 Ramses Reyes introdujo una denuncia en el Ministerio Público y en la Direcciónde Contra Inteligencia Militar sobre ilícitos cambiarios con notas estructuradas.
El documento, de 30 páginas, contiene las supuestas pruebas de las irregularidades que implican a Alejandro Andrade, director de la Tesorería Nacional y del Banco de Desarrollo Económico y Social; y los ex ministros de Finanzas Tobías Nóbrega, Nelson Merentes, Rodrigo Cabezas y Rafael Isea.
La denuncia indica que los funcionarios habrían gestionado la inversión en bonos argentinos y ecuatorianos, que para 2006 acumulaban una ganancia de 6,2 millones de dólares. Añade que los bonos fueron adjudicados a varios bancos nacionales de manera preferencial, saltándose las normas de licitaciones y subastas. Estas entidades financieras otorgaban las dividas a las mencionadas empresas.
El documento señala que fue durante la gestión de Cabezas e Isea, junto con Andrade, cuando se aceleraron las negociaciones con las notas estructuradas a una operación por semana. Refiere que bancos pequeños recibieron alrededor de 30 millones de dólares a 50 millones de dólares semanales, lo que generó ganancias de hasta 450 millones de dólares. Los funcionarios señalados presuntamente percibieron comisiones por las asignaciones y se asociaron a los bancos.
Enrique Tineo, abogado de Reyes, afirmó que la Superintendencia de Bancos tuvo conocimiento de las operaciones en 2007, pero fue un año después cuando ordenó a los bancos vender las notas estructuradas en 90 días. En 2008 efectuaron la mayoría de operaciones, las cuales fueron objetadas por la Contraloría General de la República. “Lo que a un oligarca le costó ganarse en tres generaciones de familia, estos funcionarios lo consiguieron en 15 días”, dijo.
Aunque el presidente Nicolás Maduro solicitó el 8 de agosto de 2017 a la asamblea nacional constituyente investigar esos casos y aseguró que las negligencias en las investigaciones se debían “a la irresponsabilidad de la fiscal Luisa Ortega Díaz”, un año después, con una nueva gestión en el Ministerio Público las denuncias no han avanzado, pues hasta la fecha ninguna institución ha fijado posición sobre la investigación, informó el abogado.
Superlano agregó que en las próximas semanas citarán a los representantes de las seis empresas. Adelantó que las unidades de inteligencia financiera del Grupo de Lima también se encuentran trabajando sobre este y otros casos de corrupción en Venezuela.
Créditos: El Nacional
Lea también:
