La Asamblea Nacional de Ecuador votó este miércoles a favor de terminar con el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela, firmado hace quince años, un instrumento que regulaba un procedimiento simplificado para la obtención de visas y residencias de venezolanos en el país andino.
La medida fue aprobada gracias a los 86 votos a favor del oficialismo, del conservador Partido Social Cristiano (PSC) y de Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La Revolución Ciudadana (RC), movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), en cuyo gobierno se firmó y ratificó este tratado, se abstuvo.
Fue el presidente, Daniel Noboa, quien el pasado 11 de marzo solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana iniciar el proceso de denuncia del estatuto debido a que, según sustentó en un decreto ejecutivo, se registraban «suspensiones y recortes de varias fuentes de financiamiento para los programas que apoyan al Ecuador en materia migratoria».
El pedido llegó a la Comisión de Relaciones Internacionales del Legislativo, que aprobó un informe favorable para avanzar en el proceso.
La parlamentaria Lucía Jaramillo, del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y presidenta de la comisión, aseguró este miércoles -durante el debate en el pleno- que el instrumento «ya no cumple con su objetivo principal y representa una carga económica para los ecuatorianos».
No obstante, Jaramillo aclaró que la decisión no implica cerrar puertas a los migrantes venezolanos, sino garantizar el debido proceso en su regularización.
«Nadie pierde derechos, pero Ecuador recupera su control migratorio y protege la vida de sus ciudadanos«, señaló la legisladora, al añadir que su país ya cumplió su parte porque le abrió las puertas a miles de venezolanos en los momentos más difíciles.
Jaramillo también manifestó que la Corte Constitucional, en un dictamen del 10 de julio, concluyó que la denuncia del estatuto no supone una afectación al derecho a la movilidad, ya que eso está fundamentado en la Constitución.
En el debate, varios legisladores consideraron que era necesario aplicar los procedimientos correspondientes para garantizar la soberanía del Estado ecuatoriano frente a la migración irregular.
Por su parte, el correísta Ricardo Patiño, encargado de firmar el acuerdo en 2010, cuando era canciller del gobierno de Correa, sostuvo que la RC no considera que el fin del acuerdo sea lo mejor.
Lo ideal, según él, es que estas alianzas se perpetúen para beneficiar a los ciudadanos de ambas partes. «No nos oponemos, pero votaremos en abstención», señaló Patiño.
Ecuador es el quinto país con la comunidad venezolana más grande en su territorio, al registrar unas 444.800 personas, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile, de acuerdo con un informe publicado en 2024 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
EFE
