Los ministerios de relaciones interiores y de justicia emitieron una resolución conjunta para prorrogar nuevamente, y durante un año contínuo la prohibición sobre el porte de armas de fuego para civiles.
La medida tiene varias excepciones, como por ejemplo la de los escoltas certificados por el órgano oficial y los empleados de los servicios de transporte de valores y los competidores de tiro deportivo. Pero en general mantiene el espíritu de las prohibiciones anteriores y ratifica la línea oficialista en esta materia.