Fedecámaras asumió el liderazgo de encabezar públicamente una propuesta de solución a los problemas eléctricos y tomó el documento elaborado por la Cámara de la Construcción de Venezuela (CVC) para ver si la buena relación que se ha logrado con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez permite hechos concretos, señala el semanario Exclusivas Económicas.
“La CVC junto a las cámaras regionales ha venido trabajando en distintos proyectos como es el eléctrico, que afecta más al país y porque la situación cada vez más se recrudece. Por eso hemos planteado varios proyectos como la recuperación de estructuras, tomando en cuenta que se tiene cerrado el acceso a la banca multilateral por los incumplimientos en los pagos y las sanciones”, dijo Ronald Arias, presidente de la Cámara de la Construcción del estado Lara.
“Hay inversionistas interesados en participar en las áreas de generación, transmisión y distribución del sistema eléctrico, con el fin de recuperar la brecha que se tiene entre la capacidad de 37.000 megavatios y se tiene disponibilidad de 13.000 megavatios. Pero, para eso, se necesitaría reformar la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico”, agregó.
El problema se presenta porque esa legislación, de acuerdo con el semanario , contempla dos premisas que son punto de honor para el gobierno: primero, concibe que la actividad eléctrica es una reserva y dominio del Estado y, segundo, la gestión debe ser socialista, entendiendo como tal la participación “protagónica y corresponsable” de los trabajadores. Estos aspectos hacen que la participación de privados no solo sea inviable sino ilegal.
La CVC, por lo pronto, señala que es sólo una propuesta para ser evaluada y la misma fue acogida por el directorio de Fedecámaras como un intento de encontrar opciones de solución, Pero la primera barrera está -agrega la publicación- en la resistencia política que existe en el gobierno Nicolás Maduro a derogar leyes que conforman el legado ideológico del presidente Hugo Chávez.
El primer vicepresidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, se refiere directamente de “la necesidad de cambiar el modelo. Sin embargo, ese planteamiento choca justamente con la retórica oficial, la cual se afianza en la concepción estatal como muestra el Plan de la Patria 2025-2030, que marca las directrices de lo que será un tercer mandato de Nicolás Maduro.
“Es importante que se acepten las sugerencias del sector privado, sobre todo en el marco legal porque siempre se consiguen muchos inversionistas, incluso
quienes vienen de países que son amigos desde el punto de vista político, y cuando se les explica la ley que rige a un determinado sector terminan diciendo
que no les parece atractivo hacer inversiones”, comenta Capozzolo.
A lo anterior se agrega que las sanciones principalmente de Estados Unidos impiden que inversionistas internacionales, con trayectoria mundial en el sector eléctrico, se muestren interesados en participar aún con el hipotético escenario de que el gobierno de Maduro acepte una modificación legal.
