Leonardo Palacios, abogado tributarista y presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, manifestó que la reforma tributaria anunciada por el ejecutivo nacional , implica una incidencia mayor desde el punto de vista de los contribuyentes especiales, frente al accionar del estado.
Palacios expresó que este decreto consiste en establecer un régimen temporal de pago de anticipo del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta para los sujetos pasivos calificados como especiales que se dediquen a realizar actividad económica distinta de la explotación de minas, hidrocarburos y de actividades conexas, y no sean perceptores de regalías derivadas de dichas explotaciones. Los anticipos de impuestos a los que se refiere este decreto, se determinan para el Impuesto al Valor Agregado, tomando como base el impuesto declarado en la semana anterior.
El tibutarista sostiene que ha mantenido responsablemente el ideal de que las finanzas públicas deben ser un tema objeto de debate y discusión abierta, más allá de la diatriba política para que se cumpla con los objetivos fundamentales de una reforma tributaria, que «son la reducción del déficit fiscal, el incentivo a la inversión nacional y extranjera para que la rentabilidad excedentaria de los entes privados se reinvierta en el país generando fuentes de trabajo y la expansión económica».
En su opiniòn ninguno de estos objetivos se cumplirán«porque dichas medidas distan mucho de lo que es una verdadera reforma, lo que estamos viviendo ahora son una serie de mandatos de intervención a las empresas, y son mandatos que conllevan un elemento pernicioso”, aseveró el abogado.
Afirma que con esta mal llamada reforma tributaria, no se piensa en la empresa como productor de bienestar o generador de riquezas, sino que se está generando una forma de apoderarse de las empresas a través de la tributación o a través de incrementos patrimoniales acompañados de un subsidio que implica la posibilidad de tomar empresas por parte del ejecutivo nacional.
“Todo esto se transforma en un impuesto al flujo de caja y la gravedad de estos mandatos no es el incremento salarial, tampoco es el problema de la indemnización laboral, aunque ambos son graves, el verdadero problema que se tiene es que se cambió el pozo petrolero por el bolsillo de las empresas y del consumidor final”, así lo explico durante una entrevista en el programa “Informe Fedecámaras” con Richard Fortunato.
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